La tragedia ocurrida el pasado día 28 en el precario centro de rehabilitación “Cristo es Amor”, en el distrito de San Juan de Lurigancho, además del hondo dolor por la muerte de 27 jóvenes, ha demostrado informalidad extrema; allí vivían 80 adictos hacinados y en condiciones deplorables e infrahumanas, el local había sido clausurado en dos oportunidades por carecer de condiciones mínimas para funcionar, no contaba con programa de readaptación ni profesionales, y por S/. 150 mensuales (US$ 56) ofrecían la total rehabilitación por medio de la fe y la oración, sin embargo, prevalecía el pobre respeto a la vida humana, el encierro y el maltrato.
Como sucede en nuestro país, después de graves tragedias empiezan los deslindes de responsabilidad, en este caso, la municipalidad del distrito responsabilizó al ministerio de salud por no supervisar este centro, mientras el ministerio refutó a la municipalidad echándole la culpa por no clausurar el local que funcionaba sin autorización; pero realmente ambas instituciones tienen grave responsabilidad, la municipalidad por haber otorgado la licencia y no controlarlo después de clausurarlo, y el ministerio, por no certificar ni supervisar los tratamientos ofrecidos.
Igualmente, después de esta desgracia proliferaron promesas de todo calibre “para evitar la informalidad”: construcción de centros ejemplares de rehabilitación, medidas preventivas, trabajos coordinados, esfuerzos de supervisión y fiscalización, proyectos pilotos de capacitación en diagnóstico temprano de adicción, revisión de la legislación, regulaciones, y hasta darle más importancia a la salud mental, pero lamentablemente casi siempre son incumplidas.
Bajo este panorama, la desidia de las autoridades ha sido extrema y ha contribuido a la ocurrencia de esta penosa tragedia. Actualmente hay más de 200 centros de rehabilitación informales, y desde 1994 se han presentado casos de denuncias sobre violaciones sexuales, maltratos, agresiones, suicidios, contra los centros: “Paz y Bien”, “Querer es Poder”, “Amor de Cristo”, “Creo en Ti”, “Vida Nueva” etc., sin embargo, nunca las autoridades tomaron las acciones necesarias para revertir esta grave y peligrosa situación.
Según la “Ley General de Salud” 29737-julio 1997 (art.11°) “toda persona tiene derecho a la recuperación, rehabilitación y promoción de su salud mental”, la cual fue ampliada por Ley 29737 (julio 2011) regulándose procedimientos de internamiento de personas con trastornos mentales (aún no reglamentada). Sin embargo, como el Estado tiene responsabilidad primaria y no puede cubrir dichos derechos, este vacío es ocupado por centros de rehabilitación formales e informales, algunos funcionando clandestinamente y otros con licencia municipal, pero ninguno adecuadamente regulado ni fiscalizado de modo profesional. Increíblemente nada de esto se encuentra reglamentado.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo, publicado en el diario EXPRESO, fecha 4 de febrero de 2012
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