A raíz de la denuncia que Antauro Humala, hermano del Presidente de la República, tenía un iPhone en el penal de “máxima seguridad” Piedras Gordas, desde el cual realizaba llamadas telefónicas y transmitía y recibía correos por internet que revelan actividad política y tráfico de influencias, queda claro que este reo sentenciado a 19 años por homicidio y secuestro, ha tenido privilegios absolutamente prohibidos para cualquier condenado, e incluso ha hecho proselitismo político sin recibir sanción alguna.
Ahora sabemos que muchas personas le solicitaban favores políticos y puestos de trabajo, recibía recomendaciones para efectuar cambios militares y hasta intercedió ante las rondas campesinas de Tabaconas en Cajamarca por el proyecto de la minera Las Palmeras.
De manera inaudita, Antauro Humala, ha dirigido desde dicho penal la campaña nacional del Movimiento Etnocacerista Peruano, recibiendo delegaciones de todo el país, y aunque su sentencia es hasta el año 2024, ha reiterado sus intenciones de obtener su libertad para participar en las elecciones municipales y regionales del 2014 y presidenciales del 2016. En octubre de 2011 grabó un video desde el mismo penal lanzando críticas al gobierno que fue difundido en el VI Congreso Etnocacerista realizado el 29 y 30 de dicho mes, evento en el que fundaron un nuevo partido político bajo su liderazgo.
Los inaceptables privilegios de Humala en Piedras Gordas deterioran la imagen y credibilidad del gobierno por tratarse del hermano del Presidente, y más aún, porque el Jefe del Inpe, José Pérez, y el ministro de Justicia, Juan Jiménez, sin siquiera sonrojarse, minimizan estas irrefutables gollerías –incluyendo su traslado al apacible penal Virgen de la Merced– argumentando que se trata de problemas de seguridad y corrupción en un sistema en crisis heredado. Cuando el Jefe del Inpe asumió el cargo en agosto de 2011, sabía que el 95% de las llamadas de extorsión salen de las cárceles, y anunció la instalación de bloqueadores para celulares, pero en enero admitió que no tenía presupuesto, sin embargo, el pasado día 13 el ministro de Justicia lo refutó y anunció su colocación en todos los penales.
Bajo este panorama, todas las propuestas para implementar dichos bloqueadores, además de instalación de cámaras de videovigilancia, detectores de metales y escáneres, servirán de poco si no se erradica la corrupción en los penales.
Tanto el ministro de Justicia –quien asumió el cargo en diciembre pasado, pero fue viceministro desde agosto de 2011– así como el Jefe del Inpe, son actualmente directos responsables de las gollerías de Antauro Humala, así como del statu quo en la deplorable situación de hacinamiento, mala infraestructura, inadecuada seguridad y descomunal corrupción, no solo en Piedras Gordas, sino de todo el sistema penitenciario del país. Por tales motivos, deberían renunciar.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo, publicado en el diario EXPRESO, fecha 17 de marzo de 2012
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