Un cuestionado e ineficaz manejo del ex ministro de Defensa, Alberto Otárola, durante la “Operación Libertad”, que desnudo sus graves errores de conducción, falta de liderazgo y de experiencia en temas del sector, lo obligó a renunciar, siendo reemplazado por José Urquizo, quien juramentó el pasado día 14.
El nuevo ministro es especialista en cooperativismo, y al igual que su antecesor, no cuenta con el perfil adecuado de conocimiento y experiencia del sector para dirigir asuntos de seguridad y defensa nacional. Se equivoca el ministro al decir que “asume el cargo como un reto para él”; el sector Defensa no debe tomarse como ningún reto, estímulo o desafío, lo que le compete es reflexionar profundamente sobre sus funciones y responsabilidades.
En primer término, y considerando la grave situación que se presenta en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Vrae), debería trabajar prioritariamente en la elaboración de una estrategia integral militar-policial íntimamente relacionada con otra de desarrollo, seguridad e infraestructura, y que logre principalmente la adhesión y apoyo de la población a las fuerzas del orden. Solo así se podrá combatir al terrorismo, el narcotráfico, y otras peligrosas amenazas que se incrementan en la zona: tala ilegal (otra fuente de recursos de terroristas), crimen organizado, cárteles de droga, tráfico de armas, minería informal, entre otras.
Pero esta guerra que el Perú enfrenta contra el terrorismo desde 1980 y que fue irresponsablemente descuidada en el Vrae entre el 2001 y 2007, durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García, continuará en el largo plazo, por lo que el ministro de Defensa debe además, indispensablemente, cumplir su principal función ministerial –razón de ser del Ministerio de Defensa y las FF AA–: “Contribuir al mantenimiento de la independencia, soberanía e integridad territorial de la República, cautelando la inviolabilidad e inalienabilidad del territorio peruano…tanto en el frente interno y externo” (Reglamento de Organización y Funciones Cap.3, art.4f), lo cual se deriva de la Constitución Política (art. 165°) que demanda que las FF AA “tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República”.
Al respecto, el ministro Urquizo debería tomar urgente conocimiento sobre la deplorable situación de operatividad de nuestras FF AA, cuya mayoría de unidades y material militar sobrepasa su vida útil (entre 30 y 40 años de servicio). Además, esta responsabilidad constitucional conlleva la solución de la parte social de los recursos humanos, lo más importante en los Institutos militares, que incluye unas justas remuneraciones y los derechos pensionarios adquiridos de pensionistas, viudas, discapacitados y deudos, así como la solución de la Caja de Pensiones Militar-Policial.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo, publicado en el diario EXPRESO, fecha 19 de mayo de 2012
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