En una entrevista publicada el día 12 en un diario local, la ministra de la Producción, Gladys Triveño, nos recordaba que actualmente hay 2.2 millones de micro y pequeñas empresas (Mype) informales, manifestando que “alista nuevas herramientas” para atraerlas a la formalidad. Es increíble que de 3.2 millones de Mype operando (97% del total de empresas peruanas) solo un millón estén formalizadas y el resto opte por la informalidad, limitando sus accesos a créditos, tecnología y capacitación. Esta situación implica aspectos que van desde la falta de impulso del gobierno, mínimos beneficios para su formalización, mala calidad de servicios del Estado –educación y desarrollo de capacidades–, hasta su incapacidad para hacer cumplir las leyes.
Uno de los asuntos más complejos de nuestro país en materia laboral es la informalidad. Es vergonzoso que el 60% de nuestra economía opere en la ilegalidad. Existen 12.3 millones de trabajadores informales (80% del PEA) sin contrato o con contrato a plazo fijo, y unos 7 millones de éstos no cuentan con derecho laboral ni beneficio social. Asimismo, los jóvenes enfrentan un sombrío panorama, de 100, unos 85 se ven obligados a buscar un empleo informal.
Pero la informalidad, a nivel nacional, muestra también niveles alarmantes en otros campos:
1) Minería informal, en esta ilícita actividad operan medio millón de informales (3% del PEA) quienes evadiendo impuestos extraen oro por US$ 2,500 millones anuales;
2) Dinamita, el 40% producida en el país es traficada informalmente y vendida a los mineros ilegales;
3) Armas de fuego (pistolas, revólveres, carabinas y escopetas), más del 60% son usadas informalmente sin licencia;
4) Centros de rehabilitación de drogadictos, dos recientes incendios provocaron la muerte de 43 jóvenes; de 400 centros solo 47 son formales;
5) Inmuebles, 20% no están formalmente registrados;
6) Transporte terrestre (personas, carga y mercancía), de 150,000 transportistas, 100,000 operan informalmente;
7) Agencias de viaje, de 7,000, el 60% (4,200) son informales; y
8) Solo en Lima, son informales 40% de locales comerciales en Gamarra y 49% de Mesa Redonda y el Mercado Central; existen además 2,600 ambulantes y más de 20,000 mototaxis informales, y asimismo, el 75% de viviendas han sido edificadas de manera informal.
Bajo este panorama, la informalidad se enraíza peligrosamente en nuestro país conjuntamente con la corrupción y la falta de transparencia. Este endémico fenómeno genera desleal competencia contra las empresas formales y es voz de alerta sobre políticas sociales mal diseñadas. Mientras no se solucione esta problemática nuestra productividad y desarrollo se verán seriamente afectados, y las cifras macroeconómicas y de crecimiento, de los que en exceso se vanagloria el gobierno, serán cada vez más frágiles y distorsionadas.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo, publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de junio de 2012
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