El pasado día 28 de julio, el diputado Jorge Tarud, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de su Cámara, pidió al gobierno chileno que durante la fase oral del diferendo marítimo –entre el 3 y 14 de diciembre próximo–, plantee la incompetencia de la Corte Internacional de Justicia para tratar la demanda peruana, a pesar que Chile tuvo, desde la notificación de la Memoria peruana (16 de marzo 2009), un plazo de 90 días, en que no la presentó; ahora es extemporáneo.
Este pedido del diputado Tarud, quien además ha expresado que “Perú ha construido una verdadera falacia jurídica”, constituye una mala señal porque agrega peligrosas incertidumbres y exacerbara los ánimos del 73% de chilenos que en una encuesta (noviembre 2011), rechazaron la cesión de su mar, así la Corte otorgue al Perú un fallo favorable.
Pero hay muchas otras malas señales chilenas:
1) Su agresiva carrera armamentista con gastos de US$ 10.000 millones para la adquisición de unidades de combate y armas netamente ofensivas, y gran porcentaje dispuestas en áreas de operaciones fronterizas con Perú;
2) Sus sistemáticos mensajes bélicos como del ministro de Defensa Allemand: “tenemos que estar plenamente preparados con nuestra fuerza militar”, y, “las FF AA chilenas se encuentran en capacidad plena para resguardar la soberanía”, o del ex ministro Ravinet: “buscamos tener unas FF AA preparadas para defender nuestras fronteras”, etc.;
3) La opinión del nada menos representante oficial o agente chileno ante el tribunal de La Haya, Alberto van Klaveren, que en una reciente publicación de su autoría advierte que dicha demanda “contiene un fuerte elemento de reivindicación histórica que de alguna manera pretende compensar la pérdida territorial y de status que significó para Perú la Guerra del Pacífico”;
4) Su forzada ratificación con Ecuador, el 26 de julio pasado, sobre la plena coincidencia respecto de la vigencia, alcances y contenidos de los tratados de 1952 y 1954, y la delimitación marítima Perú-Ecuador basada en virtud a dichos tratados;
5) Su “Estrategia de Seguridad y Defensa 2012–2024”, presentada el 28 de junio pasado, ad portas del juicio oral, incluyendo conceptos conflictivos para demostrar su capacidad combativa: “anticipar una agresión armada”, “tener superioridad en el enfrentamiento”, o “decidir un conflicto en corto tiempo”.
Bajo este panorama, aunque la cancillería chilena se empeña y esmera en reiterar que acatarán la sentencia, las malas señales descritas, así como la enorme presión popular, política y militar que podría levantarse por un fallo desfavorable, avalan una fundada y legítima incertidumbre sobre cualquier reacción chilena, lo cual debe obligar al gobierno, al ministro de Defensa y a los actores políticos, a analizar los probables escenarios tras el fallo, así como tomar las acciones prioritarias para revertir el mal estado de operatividad y la débil fortaleza disuasiva de nuestras FF AA.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo, publicado en el diario EXPRESO, fecha 4 de agosto de 2012
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