Hace años la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte sobre el complejo panorama mundial por la progresiva alza de precios de los alimentos, habiéndose acentuado en los últimos meses por las sequías en EE UU, pero también, por la demanda mundial para producir biocombustibles, el cambio climático y el crecimiento demográfico. El pasado día 5 la ONG Oxfam presentó su último informe “Clima al límite, precios al límite”, señalando que los fenómenos meteorológicos extremos devastarán la producción de alimentos ocasionando drásticos incrementos de precios, resaltando que al año 2030 el precio del maíz y otros cereales aumentará hasta 140%.
En el caso peruano, el ministro de Agricultura, Milton von Hesse, ha negado una crisis alimentaria, sin embargo, los precios de los alimentos muestran una marcada tendencia al alza afectando a la población nacional. Según la presidenta de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), Lucila Quintana, la crisis alimentaria está perjudicando a 13.8 millones de peruanos que muestran la vulnerabilidad de la desnutrición, acentuándose en el sector rural, por su bajo nivel adquisitivo o falta de accesibilidad a zonas alejadas.
La agricultura en el Perú se ve principalmente afectada por:
1) Los gobiernos no priorizan, promueven, ni fortalecen la pequeña (familiar) y mediana agricultura que provee 70% de alimentos al mercado local;
2) Baja producción (solo usamos 3 de 6 millones de hectáreas disponibles);
3) Elevados costos de insumos de producción y fertilizantes;
4) Mínimo acceso al crédito agrario;
5) Falta de investigación e innovación tecnológica (de 6 millones de hectáreas disponibles, solo 200 mil usa agricultura tecnificada);
6) Falta de censo agropecuario actualizado (el último fue en 1994) no permite planificación de siembras ni proyectos del horizonte del mercado agrario nacional y externo;
7) Informalidad (4.5 millones de trabajadores informales);
8) Riesgos naturales y de mercado; y
9) Irracional uso de agua (70% del total nacional).
Bajo este panorama, nuestro país no cuenta con una estrategia de seguridad alimentaria, la cual debería ser prioritariamente implementada por el gobierno para atenuar los efectos de la crisis y su impacto inflacionario, incluyendo las siguientes acciones:
1) Fortalecer y priorizar la política agraria;
2) Mejorar su productividad a través del desarrollo tecnológico, especialmente en el ámbito rural, para mejorar su competitividad;
3) Priorizar la adaptación del agro al cambio climático;
4) Conservación de ecosistemas;
5) Transformación de patrones de consumo; y
6) Producción y provisión de masas críticas de alimentos elementales que mayormente importamos: cebada y soya (100%), trigo (65%) maíz (60%) y lácteos (50%).
Artículo de Alfredo Palacios Dongo, publicado en el diario EXPRESO, fecha 8 de setiembre de 2012
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