Han pasado 9 años desde que el 28 de agosto de 2003 fuera presentado el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) 1980-2000, según esta Comisión, como resultado de “investigar y hacer pública la verdad sobre las dos décadas de origen político en el Perú”, pero según la realidad y la verdad no se trata de un asunto de carácter político sino de un levantamiento del grupo terrorista, genocida y fundamentalista de Sendero Luminoso (SL) contra el Estado Peruano. El mayor cuestionamiento a este informe es por su parcialidad de orientación izquierdista y su antimilitarismo, en contraparte a su benevolencia con los terroristas, a quienes califican de “Partido Comunista Peruano-SL (PCP-SL)”. Además, denuncian ante el Ministerio Público a miembros de las FF AA y Ronderos, pero a ningún terrorista.
El presidente de la CVR, Salomón Lerner, en la ceremonia de presentación del informe, lanzó inaceptables injurias contra las FF AA y la Policía, al generalizar: “hemos comprobado con pesar que agentes de las FF AA y Policiales incurrieron en la práctica sistemática o generalizada de violaciones de DD HH, y que existen, por tanto, fundamentos para señalar la comisión de delitos de lesa humanidad. Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, masacres, torturas, violencia sexual…que el Estado peruano y sus agentes deben reconocer y subsanar”.
Otra desavenencia es por el irresponsable incremento del número de víctimas, aunque solo identificaron 18,397, las aumentaron hasta 69,280 usando supuestos sin rigor estadístico ni matemático, para ello, contrataron al norteamericano Patrick Ball, quien, para incrementar las víctimas, adaptó una metodología usada para contabilizar animales silvestres (estimación de múltiples sistemas), y empleó listas incompletas superponiéndolas con otras no contabilizadas. Asimismo, increíblemente este informe considera que el Estado y sus agentes causaron más victimas (54%) que los terroristas (46%). Cabe señalar que el 20 de mayo de 2009 se conformó un grupo de trabajo de la Comisión de Defensa del Congreso para investigar la credibilidad de sus cifras, cuyo resultado se desconoce hasta la fecha.
Bajo este panorama, este informe, en lugar de haber reconciliado al país, ha generado innumerables enfrentamientos y desavenencias, por lo que se le debería oficialmente modificar: 1) La denominación de “PCP-SL” por “organización terrorista de SL”; 2) Eliminarse las generalizaciones de “practicas sistemáticas de violaciones de DD HH por las FF AA y Policía”, debiéndose individualizar y especificar responsabilidades; y 3) Oficializar la cantidad de 18,397 como víctimas totales –debidamente identificadas– del levantamiento del grupo terrorista de SL contra el Estado Peruano.
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