El
pasado día 5 la directora de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos de la
Autoridad Nacional del Agua (ANA) advirtió algo muy preocupante: “todos
nuestros ríos están contaminados por pasivos ambientales mineros”. Según el
último inventario oficial del Ministerio de Energía y Minas (MEM) –anexo de RM
096-2010 MEM/DM (26 febrero 2010)– existen 5,551 pasivos mineros (7,000 según
otros cálculos) que afectan a 21 de los 25 departamentos del Perú,
principalmente a Ancash (más de mil pasivos y 130 de ellos en el Parque
Nacional Huascarán, entre su núcleo y zona de amortiguamiento), a Cajamarca (en
el distrito de Hualgayoc hace 20 años hay 1,200 pasivos de oro y cobre
abandonados), a Huancavelica (más de mil pasivos, muchos de ellos cerca a
centros poblados y colegios) , a Puno (cerca de mil) y a Lima (unos 300).
Estos
pasivos mineros generados durante décadas por antiguas mineras cerradas y
abandonadas son restos o depósitos de residuos como relaveras, bocaminas,
desmontes, escorias, tajos y productos químicos, que durante períodos de
lluvias, cuando drenan los ácidos, contaminan cabeceras de cuencas, ríos, lagos
y lagunas y suelos, afectando seriamente la salud de la población, el
ecosistema circundante y la propiedad.
La
Ley 28271 (julio 2004) “Ley que regula los pasivos ambientales mineros”, su
Reglamento promulgado con DS 059-2005-EM (diciembre 2005) y su modificación con
DS 003-2009-EM (enero 2009), dispone que el MEM, a través de la Dirección
General de Minería (DGM), debe elaborar y actualizar el inventario de pasivos e
identificar a los responsables de su abandono aplicando las sanciones
correspondientes, debiendo el Estado asumir la tarea de remediación de las
áreas impactadas en caso de que no se logre dicha identificación.
Bajo
este panorama poco o nada se ha avanzado en remediar y eliminar los 5,551
pasivos mineros existentes en el país, solo han sido identificados los responsables
de 968 pasivos (17.4%) y se desconoce si el gobierno ha exigido remediarlos o
si está esforzándose en detectar el resto de responsables; además,
increíblemente solo se han efectuado 747 estudios ambientales (13.4%) del total
de pasivos.
Considerando
que los recursos que genera la minería son claves para nuestro país y que estos
miles de pasivos son caldo de cultivo para la conflictividad, le corresponde al
gobierno solucionar esta grave problemática clasificándolos, categorizándolos
en sus niveles de riesgos, priorizando las propuestas de remediación y
asignando los recursos necesarios –se requieren unos US$ 1,000 millones– para
eliminar esta grave amenaza para la salud humana y el medio ambiente.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 24 de noviembre
de 2012
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