En
la mayoría de países de Sudamérica se han introducido los cárteles de droga
mexicanos, desplazando a los colombianos. En el caso peruano, la presencia de cárteles
mexicanos se ha expandido en un 60% desde el año 2000 principalmente el de “Sinaola”,
que en el VRAEM y en la costa y sierra norte mantiene bandas armadas y producen
cocaína y marihuana. Según autoridades bolivianas, el 50% de cocaína incautada proviene
del Perú, y asimismo, según datos oficiales de Brasil, 38% del ingreso de
cocaína llega también del Perú y sus cultivos de coca son plantados cada vez
más cerca de su frontera. Inclusive, en agosto pasado, en la “Operación
Trapecio” la policía Federal brasileña erradicó 100 hectáreas de cultivos de
coca en territorio peruano, en la zona de la triple frontera.
Bajo
este panorama la mayoría de países está desarrollando planes y ejecutando
operaciones fronterizas de gran envergadura contra el narcotráfico y sus formas
de criminalidad asociadas, además del desarrollo de sus fronteras. Sin embargo,
en el Perú no sucede lo mismo; tenemos 7,072 kilómetros de fronteras terrestres
(con: Brasil 2,822, Ecuador 1,528, Colombia 1,506, Bolivia 1,047 y Chile 169) donde
existen grandes áreas sin resguardo que son utilizadas como corredores de droga desde el VRAEM al exterior.
Además nuestra línea costera abarca 3,079 kilómetros y por el mar sale 80% de
la droga por no existir recursos financieros, tecnológicos y logísticos para control,
vigilancia e interdicción.
Conjuntamente
con las acciones sociales y económicas, el gobierno debería accionar para controlar
y vigilar nuestras fronteras y nuestro mar, asignando recursos para la adquisición
de sistemas de radar y sistemas y equipos de vigilancia y control terrestres y
marítimos de alta tecnología, y principalmente en la implementación de una estrategia
de desarrollo de pueblos y ciudades en nuestras zonas fronterizas, lo que debería
constituir una necesidad prioritaria en las políticas de Estado.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de noviembre
de 2012
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