El
pasado día 14 el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó
que durante el último trimestre del 2012 el desempleo en Lima Metropolitana disminuyó
1.4 puntos porcentuales (de 7% a 5.6%) respecto al mismo período 2011 en
línea con la importante expansión de la economía. Este anuncio que parece ser
muy positivo, sin embargo no lo es después de analizar el contexto general de
la preocupante situación laboral de nuestro país.
En
Lima Metropolitana, 7 millones de personas están en capacidad de desempeñar una
actividad económica, pero 2 millones son considerados económicamente inactivos
(amas de casa, estudiantes, jubilados, pensionistas, etc.) grupo poblacional en
el que se esconde una elevada desocupación. Los restantes 5 millones componen
la Población Económica Activa (PEA), de la cual, según el INEI, solo hay 272,800
desempleados.
Esta
cifra es engañosa, ya que de estos 5 millones, descontando los desempleados, solo
2.5 millones tienen un empleo
adecuado con más de 35 horas semanales e ingresos mayores al valor de la
canasta mínima familiar de S/.1,675 (S/.335 por 5 personas que componen una
familia), pero los restantes 2.2
millones son subempleados por horas (subempleo visible) y por ingresos
(subempleo invisible), con trabajo injusto, sueldos indignos menores del sueldo
mínimo vital (S/.750) y sin seguridad social; además el INEI considera ocupada
a una persona que trabaja una hora a la semana.
Si
la situación laboral es así en Lima que concentra los beneficios del
crecimiento económico, el desempleo en las zonas rurales y provincias es mucho
mayor. En el Perú, de 30 millones de habitantes, 22 millones están en edad para
trabajar; de éstos, 15.5 millones conforman la PEA pero solo 7 millones son
asalariados, es decir, el resto, 8.5 millones, son sub empleados, informales o
desempleados, con sueldos indignos y sin cobertura previsional ni de salud.
A
pesar del crecimiento económico tan pregonado por el gobierno, falta más
trabajo digno y productivo, y formalización. Menos del 10% de los asalariados
en el país (PEA ocupada) cuenta con un trabajo decente (empleo formal en
planilla, sueldo digno, protección social de salud y pensionario, y goce de derechos
laborales). Además, se han elevado exponencialmente los niveles de
informalidad, de 15.5 millones de trabajadores de la PEA, 11 millones (71%) son
informales, y en esta misma condición están más del 90% de las microempresas; por
último, el desempleo juvenil se ha incrementado a tasas de hasta 13%, por lo
que los jóvenes que terminan sus estudios profesionales o técnicos tienen
serias dificultades para su inserción en el mercado laboral.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 19 de enero de
2013
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