El
pasado 17 de enero, el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, denunció
que desde diciembre pasado viene recibiendo hasta cinco llamadas telefónicas
amenazantes y extorsivas desde un teléfono público del penal de Lurigancho. Al
respecto, en julio pasado el Jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE),
José Pérez Guadalupe, manifestó que coordinó con la empresa Telefónica la colocación
de más cabinas telefónicas en los penales, pero para evitar extorsiones o
amenazas, se escucharía previamente una grabación de advertencia que ésta se
realiza desde un penal, para el que la reciba opte por atenderla o no. Por
supuesto que en el caso del presidente del Poder Judicial esta grabación nunca funcionó.
Sin
embargo, la mayoría de extorsiones y amenazas desde los penales se realizan a
través de celulares por la facilidad de adquirir chips en el mercado suplantando
identidades porque las empresas operadoras no verifican correctamente los datos
de los compradores a pesar que el DS 024-2010 las obliga, y por su reducido
tamaño y forma es muy fácil introducir éstos chips en los penales. Solo entre
agosto 2011 y julio 2012 hubo 1,076 requisas en los 68 penales del país –369 en
penales de Lima–, decomisándose 4,000 celulares, 1,000 baterías, 900 chips,
2,200 cargadores y 260 equipos de manos libres.
El
22 de mayo 2012 se promulgó la ley 29867 que incorpora nuevos artículos al
Código Penal incrementando penas por el ingreso a los penales, o tenencia en
ellos, de celulares, chips, o componentes, sin embargo, éstos siguen
incrementándose junto con las extorsiones y amenazas. Según la Policía Nacional
el 2012 se registraron, solo en la región La Libertad, 500 denuncias por llamadas
para extorsionar, el 70% desde el penal El Milagro de Trujillo, que alberga más
del doble de presos (2,650) de su máxima capacidad (1,150).
Bajo
este panorama, la seguridad ciudadana es prioridad nacional por lo que es urgente
desbaratar estas mafias de extorsionadores y secuestradores que de modo absurdo
e indignante operan desde los penales. Uno de los elementos claves y más
efectivos es el uso de bloqueadores de señales, omnidireccionales, para neutralizar
las comunicaciones de todo el penal hasta 200 metros a la redonda, o
unidireccionales, para hacerlo en una zona específica como un pabellón de alta
peligrosidad.
Lamentablemente
estos equipos brillan por su ausencia en nuestros centros penitenciarios, según
el Jefe del INPE, por su elevado costo y falta de recursos, pero a pesar de
ello existe actualmente un presunto negociado tras una donación de bloqueadores
para el penal El Milagro de Trujillo.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 16 de febrero
de 2012