El
pasado día 18 la Contraloría General de la República advirtió que la ciudad de
Caral y su zona de amortiguamiento se encuentran en riesgo por una deficiente
gestión cultural de la Municipalidad Provincial de Barranca y del Gobierno
Regional de Lima. Esta ciudadela, la más antigua de América (años 2,627 y 2,100
AC.), nominada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y declarada
Patrimonio Cultural de la Nación, increíblemente se encuentra desprotegida por
una expansión no planificada de poblaciones aledañas que ocasiona invasiones,
tráfico de tierras, concesiones agrarias y mineras ilegales.
Pero
lamentablemente este no es un caso esporádico. Solo en lo que va del año se han
difundido muchas acciones de destrucción de nuestro patrimonio ante la
pasividad de las autoridades culturales. La Empresa de Agregados Calcáreos
Gálvez ha destruido conjuntos de líneas y trapecios en la zona arqueológica de
Buenos Aires, en Nasca. En Mala, en un terreno en Cerro Pueblo I, donde se
establecieron civilizaciones del Intermedio y Horizonte tardío (años 1,000 y
1,530 DC), se pretende construir casas y
haciendas.
En
Tacna, en el distrito de Corrales, cerca de la Huaca del Sol, destruyeron un tramo
del Camino del Inca por ampliación de terrenos de cultivos de arroz. Y en Lambayeque,
en la zona intangible de Chérrepe, importantes sectores del complejo
arqueológico son devastados por traficantes de tierras. En el Cusco, a inicios
de este mes, han sido dañadas con aerosol y grasa 300 piedras del muro del
Palacio Cusicancha, y también en Espinar fueron pintadas las fachadas del
templo La Merced y de otros inmuebles coloniales. En Ollantaytambo, en la
Alameda de las Cien Ventanas, cerca de la Plaza de Armas, se están construyendo,
sin licencia, viviendas sobre muros y andenes incas.
Bajo
este panorama, a pesar que constitucionalmente el Estado debe proteger el
patrimonio cultural de la Nación (artículo 21°) no existen ni las adecuadas
políticas públicas, ni la firme voluntad política de lograrlo. El Ministerio de
Cultura presentó tardíamente (28 de enero) una “versión preliminar” de Lineamientos
de Política Cultural 2013-2016 (ya pasó el primer trimestre sin aprobarse) en cuyo
5° lineamiento proyecta actualizar el catastro del patrimonio material, racionalizar
su investigación, priorización, preservación y puesta en valor, sin embargo, no
especifica cómo, ni con qué recursos ejecutaría esta titánica tarea,
considerando que el presupuesto es ínfimo (menos de 1% del PBI) y que ni
siquiera existe una ley de mecenazgo que, a través de donaciones, podría
financiar proyectos y actividades culturales.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 23 de marzo de
2013