El
pasado día 10 el Foro Económico Mundial presentó en Nueva York el “Informe
Mundial de Tecnología 2013” bajo el lema “crecimiento y empleo en un mundo
hiperconectado” el cual evalúa, mediante 10 pilares con 53 indicadores, el
impacto de la Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC) de 144 países
del mundo –que representan 98% del PBI mundial– para medir la influencia de esta
tecnología sobre el desarrollo y competitividad de cada país.
El
Perú ha ocupado el puesto 103° entre 144 países (en Sudamérica, el puesto 7°
entre 10), y aunque con respecto al año pasado hemos subido 3 ubicaciones, en
relación al informe 2010-2011 (puesto 89°) hemos bajado 14 puestos, y además,
veníamos de mejores posiciones desde el 2007 ((puesto 78”).
En
muchos indicadores que afectan la implementación y el uso efectivo de la TIC
mantenemos los últimos puestos, entre ellos:
visión del gobierno sobre importancia de la TIC (112°), accesibilidad de
contenidos digitales (102°), aranceles de telefonía móvil (140°), tarifas de
banda ancha en internet (107°), protección de la propiedad intelectual (127°),
procedimientos para hacer cumplir contratos (110°), eficacia del sistema legal
para resolver disputas (118°), capacidad de innovación (103°), eficacia de los
órganos legislativos (142°), independencia judicial (125°), calidad del sistema
educativo (132°), calidad de educación en matemáticas y ciencia (141°).
La
TIC está revolucionado el funcionamiento de la economía en el mundo para lograr
una mayor productividad con valor agregado, redefiniendo modelos de negocios,
globalizando cadenas de suministro, mejorando índices de conectividad, generando
elevadas tasas de innovación, impulsando la competitividad y proyectando mejoras
en los sectores laborales, educativos y sanitarios, así como incrementando la
calidad de vida digital poblacional.
Bajo
este panorama, en términos de aprovechamiento de la TIC nos mantenemos
estancados con muy bajos índices de acceso de los peruanos a la conectividad
digital y las nuevas tecnologías. El gobierno debería reconocer su importancia
e impacto sobre la competitividad, desarrollo, empleo y bienestar del país, y
además, tener la voluntad política para invertir en su infraestructura e
implementar el marco político y regulatorio para lograr su uso entre el
gobierno, empresa y población.
Deben
reducirse costos e incrementar coberturas y acceso de banda ancha en los
hogares y población, incrementar servicios públicos y financieros en línea, y
lo más importante, el uso de medios tecnológicos orientados hacia actividades
productivas con mayor valor agregado y para mejorar la calidad del sistema
educativo con el fin de lograr a futuro metas de capacidad competitiva e
innovadora en nuestro país.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de octubre
de 2013
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