El
pasado día 1 la Oficina del Representante Comercial de EE UU (USTR) presentó el
“Informe anual Especial 301- mayo 2013” sobre la situación de evolución y
control de las tendencias mundiales de la Propiedad Intelectual de los Derechos
(DPI) y sus conflictos asociados, así como la situación de efectividad en la
defensa de estos derechos de más de 90 naciones del mundo que se relacionan
comercialmente con dicho país.
Desde
el 2001 el Perú se encuentra incluido en la “Lista de Vigilancia” por presentar
problemas de debilidad en la protección de los derechos de la propiedad
intelectual. En el actual informe 2013, EE UU advierte sobre una amplia
disponibilidad de productos falsificados y pirateados en nuestro país instando
a dedicar recursos adicionales para la aplicación de la DPI, mejorar la
coordinación entre autoridades, optimizar los controles fronterizos y
fortalecer el sistema judicial para controlar la venta de medicamentos
falsificados y de biotecnológicos derivados farmacéuticos, también sobre prevención
del uso de software sin licencia y protección contra la piratería.
Según
INDECOPI, nuestro país pierde US$ 600 millones anuales por piratería y US$
1,000 adicionales por contrabando. Para la Business Software Alliance (BSA) 67%
del software comprado en el Perú es ilegal generando pérdidas anuales de US$ 80
millones. La industria editorial pierde US$ 40 millones anuales. El 98% de la
oferta de música y películas es pirata. El comercio ilegal de medicinas
concentra el 10% del mercado total de medicamentos. Solo en Lima hay 70 mil
personas con internet pirata, y hasta existen en el país 600 estaciones de
radio informales. En general es preocupante ver infinidades de negocios y
ambulantes que venden películas piratas,
copias de libros, ropa de marca adulterada e infinidad de productos
falsificados a vista y paciencia de las autoridades.
Bajo
este panorama la piratería en nuestro país ha crecido vertiginosamente y es un
mal enraizado que sigue siendo el principal problema para los derechos de autor,
sin embargo, pese a su grave impacto en la economía nacional, no es tratado
como un asunto prioritario por el gobierno e instituciones involucradas, ni por
el Poder Judicial.
Para
enfrentar este grave problema se debe: 1) Combatir la informalidad; 2) Efectuar
mayor control con decomisos permanentes en zonas donde reina la piratería; 3) El
Poder Judicial debe imponer sentencias máximas de 8 años normadas en el Código
Penal (no hay un solo caso de pena privativa de la libertad por este delito); y
4) Promover una educación integral que fomente conciencia antipirata en los
consumidores.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de mayo de
2013
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