El
sistema energético peruano presenta grave vulnerabilidad y fragilidad debido a
que el 50% de la energía eléctrica que abastece al país es generada mediante
centrales termoeléctricas alimentadas por gas natural de Camisea, cuyo trasladado
por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) desde Echarate, Cusco, hasta
el City Gate en Lurín, es a través de un ducto de 730 kilómetros (para líquidos
hay otro de 560 kilómetros hasta Pisco) por lo que si sufriera falla operativa, avería, sabotaje o
atentado terrorista, podría ocasionar racionamientos o cortes de electricidad con
pérdidas de US$ 800 millones diarios y tarifas incrementadas en 40%.
Los
trabajos de ampliación del actual gasoducto (proyectados desde 2010 e iniciados
preliminarmente el 2011, creándose además una comisión especial) se encuentran
paralizados más de un año (abril 2012) debido al secuestro, por terroristas, de
36 trabajadores en Kepashiato, y por el atentado, en octubre, al aeródromo de
kiteni destruyéndose tres helicópteros utilizados para supervisar, mantener y
reparar el ducto. Dichos trabajos consisten en la construcción de un ducto
adicional –de respaldo– de 55 kilómetros alrededor de Kepashiato que vinculará al
actual, y la instalación de una planta compresora Kp 127 en Echarte para aumentar,
por etapas, el actual volumen de 610 hasta 920 millones de pies cúbicos por día
(MMPCD) e incrementar la confiabilidad del trasporte del gas hacia la costa.
Según
TGP los trabajos se reiniciarían en mayo 2014, sin embargo, a pesar de que las
FF AA y PNP han reforzado los mecanismos de seguridad e inteligencia para resguardar
el gasoducto en el Vraem, el presidente de Electroperú, Jaime Hanza, ha
manifestado su preocupación por la seguridad en la zona, y, para la empresa
clasificadora de riesgo Equilibrium “las FF AA, si bien apoyan en la zona
crítica, aún no logran brindar las condiciones mínimas de seguridad para
retomar la ampliación del ducto”.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 1 de junio de 2013