El
pasado día 1 nos enteramos indignados que la casa de subastas Thomaston Place
Auction vendió en EE.UU. 3 ceramios de la cultura Nasca y Chancay, a pesar que
desde 1997 suscribimos con este país un Memorándum de Entendimiento para
restringir la importación de bienes arqueológicos precolombinos y etnológicos
culturales. Solo meses antes (23 de marzo) fue aún peor, porque la casa de
subastas Sotheby’s de París vendió –por US$ 2 millones– 46 piezas de nuestras
culturas Mochica, Chavín, Inca, Chimú, Huari, Chancay, Ica-Chincha, Nazca,
Paracas, Cupisnique y Horizonte Tardío.
Como
una rutina, cada cierto tiempo son subastadas en el extranjero piezas arqueológicas
de nuestro patrimonio cultural –robadas, saqueadas o adquiridas ilegalmente–
sin que los Ministerios de Relaciones Exteriores y Cultura puedan evitarlo, limitándose
a alertar a la Interpol Perú y a nuestras embajadas para que impidan su venta argumentando
que nuestra Ley general del Patrimonio Cultural (28296) prohíbe su importación y
que éstas salieron de manera irregular y sin autorización, lo cual, en el
aspecto legal, no les interesa a las empresas subastadoras debido a que el Perú
no cuenta con la inscripción ni el registro de las piezas.
Según
la Dirección de Fiscalización y Control del Ministerio de Cultura son
identificados en el exterior 50 casos anuales de tráfico de bienes culturales,
entre ceramios, textiles prehispánicos, y objetos robados de iglesias, siendo detectados
por internet el 30%. Además unas 35 galerías y casas de subasta extranjeras han
sido denunciadas ante el Ministerio Público sin ningún resultado.
Pero
no solo se trata de subastas, de las 46,322 piezas de Machu Picchu que la
Universidad de Yale tuvo retenidas más de 100 años, nos ha devuelto 35,533 (se
exhibieron solo 360), faltando la repatriación de 10,789 piezas. Otro caso es
el de Suecia, desde hace 83 años retiene ilícitamente 89 textiles de Paracas –de
2,000 años de antigüedad– en el Museo de Culturas del Mundo en Gotemburgo. También
en la Biblioteca Nacional, en setiembre de 2011 se perdieron más de mil libros
y documentos históricos de los cuales solo han sido recuperados 23, y aún no se
concluye el inventario.
En
suma, no existe en nuestro país una adecuada protección de nuestra herencia
cultural y su tráfico se ha convertido en el segundo comercio ilegal después
del de cocaína. El Dr. Walter Alva –descubridor de
las tumbas reales de Sipan– corrobora esta increíble e indignante desidia e
inacción: “lo perdido alcanza hasta un 60% de toda nuestra riqueza arqueológica”.
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