Mañana
28 de julio conmemoramos el 192° aniversario de la proclamación de nuestra
independencia nacional, fecha en la que nacemos como república libre y soberana
imbuida en ideales de justicia, progreso y libertad y con la tarea de hacer una
nación en la que se imponga un desarrollo sustentado en un nuevo orden
económico, político y social, sin embargo, por nuestros errores y carencias,
cuando en 8 años cumplamos nuestro bicentenario, estaremos aún muy lejos de
lograr ese esperado desarrollo inclusivo que pueda convertirnos en potencia
gravitante y país del primer mundo.
Objetivo
muy complejo porque nuestros gobernantes toman el camino hacia el desarrollo a
través de una economía basada en un modelo primario exportador de commodities
(principalmente minerales), que aunque coyunturalmente nos brinda un
crecimiento económico importante, no significa una señal de progreso por no apoyarse
en educación, ciencia, tecnología e investigación, lo cual incide en baja
competitividad y productividad, y reducido empleo digno.
Dicho
crecimiento tampoco está acompañado de una modernización del Estado, indispensable
para mejorar su eficacia, ni de reformas políticas que eviten el clientelismo,
componendas y repartijas políticas por favores o intereses personales o
partidarios, y menos aún, de reformas sociales con programas enfocados en redistribución
con equidad y justicia social sin exclusión ni marginalidad, todo lo cual se
dificulta por nuestra precaria institucionalidad y débil gestión pública que fomenta
corrupción, informalidad y conflictos sociales, agravándose por una creciente inseguridad
ciudadana y un terrorismo asociado al narcotráfico cada vez más peligroso.
Bajo
este panorama, y de cara a cumplir 200 años de vida republicana, mediante DS
054-PCM (22-jun-2011) fue aprobado el “Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021”
del Centro Nacional de Planeamiento estratégico (CEPLAN), y con DS 089-PCM
(29-nov-2011) fue autorizado su proceso de actualización en 150 días
calendarios, sin embargo, una vez listo, con DS 051-PCM (6-mayo-2012), y sin
explicaciones convincentes, el gobierno amplió 2 años su plazo de presentación.
Esta
decisión posterga hasta mayo-2014 el accionar de un plan de muchos años de
trabajo participativo entre expertos del Estado y del sector privado y con amplio
proceso de consulta nacional que contiene las políticas nacionales, con
prioridades, metas y acciones que debió seguir el Perú desde 2011 para alcanzar
objetivos nacionales de desarrollo integrado del país de cara a la celebración
de nuestro bicentenario.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de julio de
2013