Hemos
visto con asombro al congresista nacionalista Omar Chehade asumir el pasado día
13 la presidencia de la Comisión de Constitución a pesar que al juramentar como
Vicepresidente de la República lo hizo por la anterior Constitución de 1979, cargo
que se vio obligado a renunciar 6 meses después (16 enero 2012) por participar
en una reunión en la que se trató de influenciar al gobierno para que la
policía desaloje la azucarera Andahuasi y entregarle la administración al grupo
Wong.
Un día después en la Comisión Permanente del Congreso se salvó del desaforo –por un solo voto– acusado del presunto delito de patrocinio ilegal, y además, en diciembre 2011, fue suspendido 120 días por el pleno del Congreso.
Un día después en la Comisión Permanente del Congreso se salvó del desaforo –por un solo voto– acusado del presunto delito de patrocinio ilegal, y además, en diciembre 2011, fue suspendido 120 días por el pleno del Congreso.
Pero
lo increíble fue que Chehade logró dicha presidencia con el voto unánime de la
bancada fujimorista solo asegurándoles respetar la Constitución vigente de 1993,
aunque poco antes reiteró que era un documento espurio (falso, ilegítimo,
adulterado). Anteriormente Keiko Fujimori acusó de “mitómano” a Chehade y rechazó
el blindaje para evitar su desaforo, y éste, a su vez, denunció la inmoralidad
del entorno de Fujimori para manipular el indulto de Alberto Fujimori, pero
incomprensiblemente ahora “no se opone a que se modifique la ley para que
cumpla su sentencia con arresto domiciliario”.
Este
es solo un ejemplo de grave falta de ética en la política, pero existen muchos
otros: la penosa “repartija” en el Congreso con componendas para designar
funcionarios, el aprovechamiento político de congresistas al entregar
donaciones en actividades proselitistas, mentir en sus hojas de vida, realizar
tráfico de influencias y nepotismo, y hasta nombrar a la Comisión de Defensa
congresistas –ex dirigentes cocaleros– con ideologías violentistas. Solo en los
2 últimos períodos legislativos se revisaron 196 denuncias contra congresistas.
Bajo
este panorama existen justificadas razones de desconfianza y sospechas de la
ciudadanía sobre las actuaciones, decisiones, conductas y prácticas de muchos
políticos. La integridad, transparencia y probidad son principios fundamentales
de ética política, pero lamentablemente éstos son continuamente transgredidos.
Las
trapacerías que se producen en el ámbito político por falta de ética y
corrupción tienen un profundo impacto negativo sobre la sociedad. Cuando un
país logra, a través del ejemplo de las autoridades, imprimir valores éticos en
la conciencia colectiva, recién se produce el inicio del gran cambio hacia su
progreso.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 24 de agosto de
2013