En
su mensaje del 28 de julio el presidente Humala anunció muy superficialmente
–leyendo en 5 líneas– la voluntad de continuar la formalización con una
perspectiva de inclusión social y la firme decisión de luchar contra la minería
informal, sin embargo, sobre la formalización, el proceso no avanza y siguen
evadiendo tributos; en Madre de Dios solo 5,000 iniciaron el proceso y ya se anunció
un paro minero indefinido a partir del 26 de este mes. Asimismo, sobre la lucha
contra la minería ilegal, lamentablemente los insumos continúan ingresando y se
incrementan las áreas deforestadas, desde 2,400 hectáreas el 2010, hasta 7,000
este año. Solo en la zona de amortiguamiento de Tambopata en dicho período
destruyeron 3,000 hectáreas.
El
pasado día 24 el defensor del Pueblo presentó en la región Puno el Informe
Defensorial N° 160 “Gestión del Estado frente a la minería informal e ilegal en
el Perú”, tema considerado crítico porque esta actividad actúa en 21 –de las
25– regiones del país y afecta diversos derechos fundamentales. Este informe
supervisa la implementación de los decretos legislativos promulgados por ley
29815 (22-dic-2011) al delegarle el Congreso al Ejecutivo legislar en materia
de minería ilegal.
La
normativa del Ejecutivo consistió en 9 Decretos Legislativos promulgados entre
febrero y abril 2012. Al respecto, el Informe Defensorial concluye que se
evidencia una dificultad común a las
entidades supervisadas para la implementación de dichos decretos por falta de
recursos para su cumplimiento, presentando además recomendaciones para la
formalización de la pequeña minería y artesanal, la protección del medio
ambiente y remediación de zonas afectadas, y la erradicación y lucha contra la
minería ilegal y su criminalidad asociada.
Bajo
este panorama, existe falta de voluntad política del gobierno por no asignar
los fondos necesarios para combatir este flagelo, considerándose que la minería
ilegal e informal ocasiona que miles de niños, niñas adolescentes y mujeres
sean víctimas de explotación sexual y trata; que más de 100,000 personas
trabajen sin derechos laborales y en condiciones de alto riesgo; que se afecten
15 zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas; y que en los ríos
amazónicos se hayan vertido más de 3,000 toneladas de mercurio en los últimos
20 años, además, que esta ilícita actividad extrae anualmente 18 toneladas de
oro, equivalente a S/. 500 millones de impuestos impagos.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 3 de agosto de
2013
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