El
pasado 28 de julio, el presidente Humala en su mensaje a la Nación, reconoció
el crecimiento de acciones delictivas en el país, explicando que además de falta
de presencia policial y equipamiento, el hacinamiento de la población
penitenciaria facilita la organización de un conjunto de delitos desde su
interior, por lo que, dijo, se prevé la construcción de 8 nuevos establecimientos
penitenciarios y la remodelación de 11. Es todo lo que planteó sobre el sistema
penitenciario –componente importante de la política de seguridad interna–, cuando lo que se requiere urgentemente es su
reforma integral.
Solo
una semana antes del mensaje presidencial, en el penal de Piedras Gordas, la
Policía Antisecuestros incautó agendas con listas de nombres, teléfonos y
direcciones de unos 100 empresarios a los que pretendían extorsionar o
secuestrar, incautándose además celulares, chips, cargadores, reproductores,
antenas y recibos de depósitos y números de cuentas bancarias. Paradójicamente
a este penal se le cataloga como de “máxima seguridad” cuando realmente se
trata de un “centro del delito”.
En
nuestro país no se cumple el mandato constitucional (artículo 139 inciso 22) sobre
el objetivo fundamental del régimen penitenciario: la reeducación y
rehabilitación del interno a la sociedad. Lamentablemente en nuestros penales
predomina una grave corrupción y discrecionalidad, donde se promueven excesos y abusos, se fortalecen las
bandas de secuestradores y narcotraficantes y las escuelas del crimen, motivo
por el cual las posibilidades de resocialización son muy limitadas o casi
nulas.
Bajo
este panorama, la solución del sistema penitenciario no consiste solo en construir
penales al ritmo de crecimiento de la población penal, lo cual es imposible, ya
que en los últimos 10 años se incrementó 124% (de 28,800 a 64,600) y todos los
penales del actual sistema penitenciario del país solo pueden albergar unos
27,000 internos, lo cual obliga a contar con sistemas de penas en libertad para
perfiles menos complejos (uso de brazaletes electrónicos) y mejorar el sistema
de justicia (casi el 60% están sin sentencia).
Pero
sobre todo se requiere una reforma integral con objetivos, metas e indicadores
que incremente la seguridad e institucionalidad penitenciaria para erradicar la
corrupción, implementando la supervisión judicial y mejorando la gestión
penitenciaria y el tratamiento de los internos en los aspectos laborales,
legales, educativos, de salud y psicológicos para lograr su reinserción social.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 10 de agosto de
2013
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