La
embajadora de EE UU en el Perú, Rose M. Likins, manifestó en reciente
entrevista que cuando el gobierno tenga lista su estrategia de prevención de
deforestación apoyarán el problema “porque es espantoso”. Efectivamente, la
destrucción de nuestros bosques es espantosa porque siendo el 9° país en el
mundo con mayores bosques (2,500 especies de madera) y 2° en Sudamérica,
deforestamos anualmente 160,000 hectáreas –inclusive zonas naturales
protegidas– por minería ilegal, cultivos de coca (narcotráfico), tala ilegal,
agricultura migratoria, ganadería, construcción de carreteras, etc.
Según
el coordinador de la FAO, José Dance, el 80% de nuestros bosques están en emergencia
por acciones extractivas e informales estando seriamente afectados Madre de
Dios, Loreto, Ucayali, San Martín, Cusco, Junín y Tacna. Contrariamente nuestra
reforestación es insignificante, además, de nuestras 69 millones de hectáreas
forestales, mínimamente 547 mil están certificadas en manejo forestal
responsable.
La
minería ilegal devasta nuestra Amazonía, su producción anual de oro llega a 20
toneladas y exporta US$ 2 millones. Las interdicciones no son permanentes y es
deficiente el control de insumos y maquinarias. Somos el mayor importador
regional de mercurio (altamente tóxico) usado principalmente en extracción
ilegal de oro. La formalización de mineros artesanales está paralizada porque
el gobierno negocia en lugar de aplicar la ley. Increíblemente en julio pasado
el Congreso excluyó la minería ilegal de la ley contra el crimen organizado.
También
el narcotráfico aniquila nuestros bosques, en las 4 últimas décadas el cultivo
de coca para elaboración de cocaína ha deforestado 2.5 millones de hectáreas afectando su flora y fauna (para sembrar
una hectárea de coca se talan y queman 3 hectáreas de bosques). Sus agroquímicos
e insumos han degradado e inutilizado 200,000 hectáreas de tierras, cuyos desechos
tóxicos, arrastrados por las lluvias, contaminan los ríos.
A
pesar de esta dramática situación nos regimos por la Ley Forestal 27308 de hace
13 años (julio 2000) que agravó el problema por otorgamiento de concesiones sin
adecuada supervisión y control, por debilidad institucional, escasez de capital
humano, financiero y físico, además del desorden, informalidad y corrupción del
ámbito forestal. En julio 2011 se aprobó una nueva Ley 29763, pero no puede
aplicarse por falta de reglamento, y asimismo, recién hace 2 meses,
inoportunamente, fue aprobada la Política Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre, porque en base a ésta debió elaborarse la nueva ley.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 5 de octubre de
2013