La
agenda política, llena de frivolidades e inconsecuencias, disidencias y
repartijas, de promesas incumplidas e intereses políticos particulares o
partidarios por sobre el bien común, nos desvía la atención sobre graves asuntos
que generan peligrosos efectos perturbadores en la gobernabilidad del país, tal
como el lavado de activos (lavado de dinero o blanqueo de capitales).
Este
delito que casi no se trata, ocasiona profundas distorsiones en nuestra
economía creando empresas en el exterior, negocios de fachada o negociando
activos, y nos está desbordando por el aumento de dinero ilícito del narcotráfico
con US$ 3,200 millones anuales (1.6% del PBI), la minería ilegal (US$ 2,900
millones), la industria maderera (según el Banco Mundial 80% de exportaciones
con documentación falsa para aparentar comercio legal), además de una creciente
corrupción.
El
pasado día 5 la Asociación de Bancos (Asbanc) informó que el lavado de activos
en el Perú movilizó en los últimos años (2007-2013) US$ 8,055 millones (US$
1,342.5 millones anuales), sin embargo esta cifra es ínfima comparándola con
los US$ 10,000 millones anuales reportados por el Fiscal de la Nación José
Peláez, monto equivalente a más del 15% de nuestras Reservas Internacionales
Netas (US$ 64,828 millones) o a 24% de nuestras exportaciones 2013 (US$ 41,573
millones).
Para
la Procuradora antidrogas, Sonia Medina, el lavado de activos es actualmente
uno de los delitos más graves en nuestro país, a pesar que se sabe que el
problema crece no está siendo visto en su verdadera dimensión y no actúan todos
los actores que tendrían que estar en máxima alerta y trabajar coordinadamente,
ocasionando que este delito siga creciendo en la capital y especialmente en
provincias, que “supera lo crítico”. Según el especialista, Rubén Vargas, “absolutamente
todos” los casos de lavado de activos o investigaciones sobre narcotráfico a
clanes familiares de provincias están siendo archivados en el Poder Judicial,
sin que los órganos internos de la magistratura o el Ministerio Público se
pronuncien.
Bajo
este panorama, el lavado de activos no se enfrenta de manera efectiva, con
deficientes mecanismos de prevención, control y capacitación; estadísticas
inconsistentes; displicente descoordinación interinstitucional entre el
Ministerio Público, la Policía Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF);
dificultad de dicha UIF para acceder a información protegida por secreto
bancario y tributario; y la poca drasticidad de la Fiscalía para penalizar este
grave delito.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 22 de marzo de
2014
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