La
mayoría de extorsiones (95% según la Dirincri) –además muchos secuestros y
crímenes por encargo– son perpetrados por presos desde los penales con
celulares –que allí proliferan– pidiendo con amenazas a sus víctimas cupos o elevadas
sumas de dinero. Según el Jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE),
José Pérez Guadalupe, “es muy complicado evitar que sigan ingresando celulares
y chips a los penales” porque a pesar de las requisas “a las semanas vuelven a
aparecer por acción de la corrupción”, en parte por mafias integradas con
personal del propio INPE.
El
tema de bloqueadores de celulares se presentó al entrar en funcionamiento el
penal de “máxima seguridad” Piedras Gordas el 2005, según las autoridades
“inexpugnable” y contaba con 6 de estos equipos –desconociéndose sus características–
pero poco tiempo después fueron desconectados por el entonces director del
penal, José Gamboa Mendoza, para permitir que delincuentes de alta peligrosidad
realicen sus llamadas. Después de este corrupto acontecimiento nunca más se habló
de bloqueadores, y poco tiempo después se detectaron decenas de celulares, y
hasta los reos, con apoyo del personal INPE, instalaban antenas para mejorar la
señal.
En
febrero de 2012 el sistema penitenciario fue declarado en emergencia para
mejorar las condiciones de seguridad, pero lamentablemente nada cambió. En mayo
del mismo año se promulgó la ley 29867 incluyendo penas privativas por ingresar
celulares a penales, pero a pesar que entran miles, no hay ningún encarcelado.
En marzo de 2013 el INPE firmó un convenio con un procesado por tenencia ilegal
de armas que iba a donar bloqueadores para el Penal El Milagro, en Trujillo, resultando
ser un presunto negociado del alcalde de La Esperanza.
Bajo
este panorama, a pesar que desde hace 8 años era urgente la instalación de
bloqueadores, actualmente no existe ninguno. Tampoco se cuenta a nivel nacional
con sistemas electrónicos de control como escáner o detectores (de armas,
drogas o celulares), videocámaras, sistemas de identificación por huellas
digitales, registros computarizados de internos, etc.
A
pesar que los penales tienen directa relación con la inseguridad ciudadana –que
se torna imparable–, la desidia para mejorar la seguridad y evitar la
corrupción en los penales ha sido extrema, nada se ha avanzado, por el
contrario, hemos retrocedido peligrosamente a niveles tan graves que los presos
utilizan hasta señal de Wi Fi para planear y ejecutar sus actos criminales.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 8 de marzo de
2014