A
inicios de la década de los 90, cuando existía una grave crisis económica,
política e institucional en el país, las entidades públicas suscribían con
organismos internacionales –al amparo de reconocimientos de inmunidades y
privilegios– convenios de administración de recursos para otorgar transparencia
y celeridad a los procesos de adquisiciones de obras públicas y servicios
Sin
embargo con el tiempo este mecanismo se ha ido deformando y muchas entidades del
gobierno nacional, regional y local siguen contratando a organizaciones
internacionales no sujetas a control (OIM, OEI, UNOPS) argumentando evitar
procedimientos engorrosos para agilizar las obras, pero el principal motivo
sería evadir controles y fiscalizaciones del sistema nacional de control
interno (Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Contraloría General), lo que
puede posibilitar actos de corrupción.
Actualmente
la ley de Contrataciones del Estado y las leyes anuales de presupuesto
viabilizan estos convenios asociados a donaciones u operaciones de crédito,
transferencias de sus presupuestos, procesos de selección y/o ejecución
contractual para adquisición de bienes, servicios u obras, y a pesar que se
trata de recursos públicos, no son incluidos en el Plan Anual de Contrataciones
de cada entidad, desconociéndose la cantidad de convenios y montos transferidos.
Dichos
organismos internacionales –que no siempre responden a su finalidad y
especialidad– cobran por comisión hasta 3.5%
del costo total de la obra por selección, análisis de propuestas y
otorgamiento de buena pro. Además es muy preocupante que, según la congresista
Alcorta, por denuncias “la coima que estarían recibiendo las entidades públicas
oscila entre 8 y 10% del total de la obra a ejecutar”.
Bajo
este panorama, en el actual gobierno se han triplicado las contrataciones con
organismos internacionales (14 entidades con la OIM en obras por S/.3,000
millones pagando S/.85 millones en “comisiones”). El presidente Humala cuando
era candidato (2011) criticó duramente al ex alcalde Castañeda –por encargarle a OIM obras pagando S/.43 millones
por comisión argumentando su rapidez– llamándolo “zamarro” que buscaba “cómo sacar
su 10%”, pero increíblemente ahora el presidente defiende el uso de este mismo
mecanismo para “agilizar las obras”.
A
pesar que la Contraloría General de la República presentó hace 4 años (abril
2010) un proyecto de ley (3976-2009-CG) para posibilitar el control de los
recursos públicos y bienes del Estado de entidades públicas en convenio con
organismos internacionales, hasta la fecha está impedida de cautelar su
correcta y transparente utilización.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 26 de abril de
2014
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