El
pasado día 28 el gobierno destituyó a Carmen Masías de la presidencia del
consejo directivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
(Devida) –quien se sintió “maltratada”– nombrando el ex ministro de Defensa
Alberto Otárola –hermano del presidente del Congreso– quien el 10 de mayo 2012 renunció
a dicho cargo para evitar su censura, debido a una moción en el Congreso contra
él y el ex ministro del Interior Daniel Lozada por “incapacidad, falta de
liderazgo y estrategia” por el fracaso de la “Operación Libertad”.
La
estrategia de Lucha contra las Drogas 2012-2016 (ENLCD) aprobada el 27 de marzo
2012 incluye metas evaluativas. Según ellas, para este año (desde 2012) debemos
tener 76,000 familias y 22,000 hectáreas asistidas de cultivos alternativos (no
avanza adecuadamente por reducidos presupuestos), y además, deben reforestarse 11,850
hectáreas (ni siquiera la Ley Forestal aprobada desde julio 2011 tiene
reglamento).
Asimismo,
deben erradicarse 54,000 hectáreas de cultivos de coca ilícitos (nuevas
plantaciones ilegales no permiten reducir el total nacional), decomisarse 6,000
toneladas de insumos químicos en 3 años (narcotráfico usa 40,000 toneladas
anuales), reducirse la producción potencial de hoja de coca de 120,500 a
101,200 toneladas (la actual cantidad permite producir anualmente 350 toneladas
de cocaína incautándose solo 7%), sentenciarse 102 procesos por lavado de
activos (desde 2009 hay solo 13 sentencias), y disminuir el consumo de drogas
de 54.7% a 49% (el cual continúa incrementándose). En resumen, es imposible el
cumplimiento de estas metas al 2014 considerando sus reducidos avances.
El
gobierno, desde el inicio de su período, anunció replantear la ENLCD
convirtiendo a Devida órgano rector de políticas y estrategias del Estado para
priorizar el desarrollo alternativo integral y sostenible, controlar insumos, desarticular
organizaciones y personas vinculadas, combatir el lavado de activos, mejorar puestos
fronterizos y controlar rutas de drogas, e incrementar la presencia real del
Estado en las zonas cocaleras, especialmente en el Vraem –produce el 52.6% de
coca del total nacional– con un plan de desarrollo productivo y económico (ahora increíblemente se habla de un plan de reconversión sin interdicción y erradicación voluntaria), todo lo cual
lamentablemente está accionado sin rumbo.
Lo
real es que nuestro país ostenta el vergonzoso primer lugar como productor y
exportador mundial de cocaína a consecuencia de erradas políticas, dobles
discursos e indefiniciones de este y anteriores gobiernos, peligrosa realidad
que corroe el tejido social y amenaza nuestra estabilidad nacional.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 7 de junio de
2014