Nuestro
país ocupa el 9° puesto mundial en superficie de bosques (69 millones de
hectáreas) y 2° en Sudamérica después de Brasil (478 millones), aun así, nuestra
convicción y gestión forestal es muy escasa y de las peores en la región (en su
último mensaje el presidente ni mencionó el tema forestal), desaprovechamos
10.5 millones de hectáreas aptas para reforestación (7.5 en sierra, 2.5 en
selva y 0.5 en costa) y desde el 2000 nuestra balanza comercial forestal es negativa,
y de continuar la falta de plantaciones, al 2020 la proyección es de menos (-)US$
2,500 millones.
Durante
las últimas 6 décadas fueron destruidos unos 10 millones de hectáreas de nuestros
bosques (promedio 165,000 anuales) debido a graves deficiencias, entre ellas, antiguas
concesiones sin supervisión y control (de 600 operan menos de 100), debilidad
institucional, escasez de capital humano y financiero, desorden, informalidad,
corrupción, agricultura migratoria, ganadería, y la criminal destrucción
forestal por la minería ilegal y el narcotráfico, incrementándose exponencialmente
la tala ilegal y el mercado negro de madera ilegal.
La
tala ilegal en nuestro país representa la tercera actividad ilícita del lavado
de activos (después del narcotráfico y minería ilegal). Según Carlos Hamann, ex
jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), nuestro comercio ilegal de
madera representa 90% de exportaciones madereras, y para el Banco Mundial, 80% de
dichas exportaciones se producen ilegalmente con documentación falsa aparentando
comercios legales.
Bajo
este panorama hace 3 años (21 julio 2011) fue aprobada una nueva Ley Forestal y
de Fauna Silvestre 29763 (para reemplazar la actual ley vigente 27308 del 7
julio 2000) pero hasta la fecha no tiene reglamento, el cual debería estar aprobado
antes de la realización en Lima (1° al 12 diciembre 2014) de la cumbre
climática de Naciones Unidas (COP-20), aunque para esto debe culminar el proceso
de analizar y consensuar más de 2,500 sugerencias de las regiones a dicho
proyecto, y someter a consulta previa los artículos que pudieran afectar los
derechos colectivos de pueblos indígenas.
Además,
tras repetidos anuncios, aún no entra en funcionamiento el tan publicitado Servicio
Nacional Forestal (SERFOR) con sus impresionantes impactos y efectos que ojalá no
queden en promesas, entre ellos, importantes incrementos de inversiones forestales,
aumento sostenible de producción forestal, disminución de tala ilegal y reducción
a cero de la tasa neta de deforestación.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 9 de agosto de
2014
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