En el marco de
una campaña mundial para prevenir y erradicar el trabajo infantil y otras
formas de esclavitud, entre los días 19 y 26 de este mes, se realizó en nuestra
capital la “Semana para el fin de la Esclavitud Infantil” para promover su
inclusión en el Programa de Desarrollo Global de Naciones Unidas 2016-2030.
En dicho
evento, la Directora para países andinos de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), Carmen Moreno, advirtió que al menos un millón de peruanos
menores de edad, entre 5 y 17 años, trabaja en situación de explotación. Según esta
Organización, después de Brasil tenemos el mayor índice de trabajo doméstico
infantil, privándose a los menores en sus derechos fundamentales y exponiéndolos
a riesgos y agresiones.
Las últimas cifras
oficiales de trabajo infantil en nuestro país provienen de la Encuesta Nacional
de Hogares (ENAHO 2011) registrando 1’659,000 niños trabajadores, altísima cantidad
respecto a 7’000,000 niños y adolescentes entre 5 y 17 años de la población nacional.
Es inhumano que 900 mil (entre 6 y 13 años) trabajen en condiciones deplorables
en las calles, trabajos domésticos y otros (79% mujeres y el 26% entre 6 y 11
años).
Los restantes
(800 mil) entre 14 y 17 años, aunque permitidos para trabajar, deben estar
inscritos en el registro de trabajo formal en municipios y direcciones
regionales, lo cual irresponsablemente no se cumple. Las regiones donde más
niños trabajan son: Huancavelica (79%), Puno (69%) Huánuco (65%) y Amazonas
(64%).
Es inhumano
además porque 50% de ellos realizan labores rudas y peligrosas que afectan su
salud y seguridad (narcotráfico, minas ilegales, ladrilleras, pesca, ambulantes,
mercados, chacras, etc.) y que en muchos casos generan violencia y delitos de
trata o sexuales.
Bajo este
panorama, tenemos ingente normatividad (leyes, estrategias, planes, códigos)
pero no se implementan o incumplen por mínimos presupuestos, falta de
información estadística actualizada y base de datos, carencia de fiscalizadores
y funcionarios públicos capacitados, inexistencia de instituciones de defensa y
protección al menor en las regiones, además, por falta de visión integradora
del gobierno para implementar procesos de diseño y aplicación de políticas y
falta de voluntad para empoderar cambios de mentalidad y toma de conciencia,
todo lo cual imposibilita erradicar esta inhumana labor que afecta casi 2
millones de niños y adolescentes peruanos en su desarrollo, formación, seguridad,
educación, bienestar, salud y moral.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 29 de noviembre 2014