La actividad
minera informal en el Perú se inició en 1930 con los primeros lavaderos de oro
en Puno, entre 1940 y 1960 incursionó la selva del Cusco, y entre 1960 y 1976 Madre
de Dios. Desde 1977 ésta ilegal actividad tomó gran impulso propagándose a
Ayacucho, Arequipa, Apurímac, Piura, La Libertad, Cajamarca e Ica, y
actualmente opera en 21 de nuestras 25 regiones.
En enero de
2002 (gobierno de Toledo) se promulga la Ley 27651 de Formalización y Promoción
de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que debía propender a su
formalización pero tuvo mínima acogida.
En el gobierno
de García, en junio 2008 modificaron dicha ley incorporando los gobiernos regionales
para propiciar la formalización pero contrariamente se incrementó la producción
informal de oro. En febrero 2010 dispone el ordenamiento minero en Madre de
Dios en solo 1 año pero nunca se cumplió. En
abril de 2010 crea una Comisión Técnica Multisectorial para la
elaboración del Plan Nacional para Formalización de la Minería Artesanal y en
marzo de 2011 (a 4 meses de su salida) aprobó dicho plan sin haber formalizado
ningún minero artesanal.
En el actual
gobierno la minería informal continuó avanzando en forma alarmante.
Increíblemente autorizó a los mineros informales, en diciembre 2011, continuar
extrayendo oro en el corredor minero de Madre de Dios, y en mayo 2012, a comercializar
oro por 2 años adicionales. En abril 2012 establece como plazo de formalización
el 19 abril 2014, pero en agosto 2013 lo postergó hasta 2016 con el inicio de
una “Estrategia de Saneamiento”. Según la Defensoría del Pueblo, de 58,835
declaraciones de compromisos de formalización solo 7 cubrieron el proceso.
Bajo este
panorama solo hemos visto fracasos en los procesos para formalizar la minería
informal y continúa la evasión tributaria, tráfico de personas, contaminación (con cianuro y mercurio) de recursos
hídricos y suelos, y depredación de nuestros bosques amazónicos y su
biodiversidad.
No existe una
estrategia, como política de Estado, para enfrentar este grave y antiguo problema,
hay marchas y contramarchas, falta presupuesto, personal técnico y competencias
compartidas, no hay políticas eficaces ni marco legal claro en la supervisión y
control de la ruta del oro informal, ni en titulaciones, concesiones, petitorios,
ordenamiento territorial, superposición de derechos, regímenes mineros y
recuperación de impactos ambientales, y ni siquiera hay un registro de mineros
artesanales ni informales.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 31 de enero de 2015
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