El pasado día
10 se produjo un violento enfrentamiento entre manifestantes y policías en el
distrito de Pichanaki (provincia Chanchamayo, región Junín) por la oposición de
los pobladores a la exploración gasífera (fase sísmica) de la empresa argentina
Pluspetrol en el Lote 108 (cuenca del río Ene). Los manifestantes intentaban
retirar material de dicha empresa de un terreno cedido en la base militar Juan
Valer Sandoval. El saldo fue lamentable, un estudiante muerto y muchos heridos,
37 civiles y 38 policías.
La empresa
Pluspetrol suscribió en diciembre 2005 el contrato para realizar exploración
gasífera en dicho lote (abarca una faja rectangular de 1.2 millones de
hectáreas), sin embargo, su estudio de impacto ambiental fue recién aprobado el
2013, realizando la exploración gasífera entre marzo y setiembre 2014.
Pésimamente
actuó el ex ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, quien además de
pedir a Pluspetrol “que en 3 días se vaya con todo lo que ha traído”, manifestó
que se evaluaría el contrato de concesión. Además, conjuntamente con el ex
ministro de Justicia, Daniel Figallo, firmaron un acta de compromiso en el que
figura el retiro de Pluspetrol de Pichanaki y la difusión del pedido de
derogatoria de la ley de hidrocarburos, entre otros puntos.
Peor aún fue el
inmediato respaldo del presidente Ollanta Humala al ex ministro: “la empresa
simplemente debe acatar lo que dijo el ministro”, y de la primera dama, Nadine
Heredia, quien ratificó que “en Pichanaki se ha firmado un acta (…) Pluspetrol
va a salir del lugar”. El manejo policial fue fatal, a pesar que el ex ministro
del Interior, Daniel Urresti, reiteró que la policía no utilizó armas letales, al
día siguiente tuvo que admitirlo, disponiendo el relevo del jefe del operativo
y de 13 oficiales.
Bajo este
panorama, el lote 108 podría tratarse de otra reserva gasífera similar o mayor
que la de Camisea. El deplorable manejo del gobierno podría trabar este
importante proyecto al cuestionar la concesión del lote 108 lo que
representaría en el sector hidrocarburos un quiebre en la estabilidad jurídica,
una segura demanda internacional, y a largo plazo, una desestabilización
productiva. Además el gobierno debería desarrollar acciones de prevención y no
actuar ante hechos consumados, tener mayor presencia y atender las demandas en
esa zona agrícola, así como acentuar las labores de información y
convencimiento a los pobladores.
Artículo de Alfredo Palacios
Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 21 de febrero de 2015
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