El pasado día 9
se publicó una sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte
IDH) del 20 noviembre 2014 declarando responsable al Estado peruano en el caso
de Gladys Espinoza Gonzáles del MRTA por violación física y sexual, obligándolo
a pagar como indemnización US$ 105 mil. La denuncia por violación hecha por la
terrorista en marzo 2004, durante su sentencia a 25 años, pero fue desestimada
en la Sala Penal Permanente por datos periciales; para la Corte IDH, dichas violaciones
no fueron investigadas.
Esta sentencia
de la Corte IDH no tiene ninguna repercusión en la condena, pero es necesario
evaluar las indemnizaciones y reparaciones civiles de terroristas. La ex
Procuradora Supranacional para casos de Derechos Humanos informó en 2009 que el
Estado pagó más de US$ 16 millones por indemnizaciones sentenciadas por la
Corte IDH, pero contrariamente, las reparaciones civiles impuestas por el Poder
Judicial son incobrables.
Del total de
S/.3,700 millones de SL y S/.50 millones del MRTA, solo se recuperaron S/.500
mil (0.013%). Como ejemplos, a la terrorista Lori Berenson el Estado le pagó
US$ 30 mil por sentencia de la Corte IDH, e increíblemente, el Poder Judicial
le condonó S/. 100,000 de reparación civil. A la Terrorista María de la Cruz
Flores (sentenciada a 20 años y prófuga) la Corte IDH la indemnizó con US$
319,000. El abogado senderista Crespo, solo ha pagado S/.40 de S/.30 mil. El chileno Mellado y la peruana Gilvonio del
MRTA, de S/. 250,000 solo pagaron S/.100. El senderista Carlos Inchaústegui
está libre y solo ha pagado S/.300 de S/.4 millones de reparación.
Bajo este panorama,
existen en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Corte IDH
alrededor de 400 denuncias contra el Estado peruano (la mayoría de terroristas
y familiares). Mayormente la Corte IDH victimiza a los terroristas (a quienes
denomina grupos armados y jamás terroristas) e impone elevadísimas
indemnizaciones, contrariamente, la recuperación del Estado por reparaciones
civiles de terroristas es insignificante.
Desde hace años
existen proyectos para imponer “muerte civil” para terroristas que salgan en
libertad al término de su condena y no paguen su reparación civil, los cuales
deberían debatirse en el Congreso pero se encuentran encarpetados, asimismo, debe
corregirse la estrategia de defensa del Estado ante la Corte IDH y mejorar los
mecanismos para cobrar las cuantiosas deudas a los terroristas.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 14 de marzo de 2015
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