El lote 192 (ex
lote 1AB) ubicado en la Amazonía peruana (distrito de Andoas, Datem del
Marañon, región Loreto), con una extensión de 290 mil hectáreas, es el mayor
productor de petróleo del país, 13 mil
barriles diarios (20% del total nacional) y registra reservas probadas por 20
años, sin embargo, tiene un historial contaminante y muchos problemas de
concesión, remediación ambiental y conflictos con pobladores de las etnias Achuar, Urarina y Quechua.
La zona de
influencia de este lote ha sufrido graves impactos contaminantes desde que Occidental Petroleum Corporation (Oxy) inició sus operaciones en 1970 utilizando prácticas contaminantes afectando las
cuencas aledañas (Pastaza,
Corrientes, Tigre y Marañón) y
dejando áreas de producción y exploración contaminadas, ríos y suelos
degradados, y alto nivel de plomo en los pobladores.
Recién 14 años después (1984), por
reiteradas denuncias de los nativos, el gobierno declaró dicha área como “la
región medioambiental más dañada del país” y 12 años después (1996), por
primera vez, dio prioridad a evaluaciones ambientales y territoriales. A pesar
que en 1993 se promulgó el marco reglamentario ambiental de hidrocarburos,
ningún gobierno obligó a OXY un plan de remediación.
Posteriormente,
en 2001, OXY traspasó la concesión a la
empresa argentina Pluspetrol, continuando ésta con prácticas contaminantes
corroboradas por diferentes evaluaciones e informes posteriores, registrando alarmantes
impactos de contaminación por encima de límites permisibles en cuencas, suelos
y medio ambiente circundante. Desde 2012 Pluspetrol tiene 15 procedimientos sancionadores
por no cumplir con el plan ambiental establecido. A fines de 2012 recibió una
multa de US$ 11.3 millones por contaminar la cuenca del Pastaza y en noviembre
2013 otra por S/.20 millones por contaminar y casi desaparecer la laguna
Shanshococha.
Bajo este panorama, el contrato
del lote 192 con Pluspetrol concluirá el 21 de agosto próximo, y faltando 5
meses ni siquiera se ha iniciado el proceso de licitación, ni realizada la
consulta previa (anunciada por el gobierno desde 2012).
Es preocupante que según el
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), después de 14 años de
operación de Pluspetrol, existen conflictos ambientales con los nativos, además
de 92 sitios de peligrosos impactos en cuencas, suelos y medio ambiente notificados
a dicha empresa para su remediación (por un valor aproximado de US$ 90
millones), sin embargo, ad portas de concluir su contrato no existe ni voluntad
ni decisión para resolverlos.
Artículo de Alfredo Palacios
Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 21 de marzo de 2015
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