El Proyecto
Majes Siguas II, iniciado en 2006 con estudios de pre inversión y viabilidad,
fue concesionado 4 años después a la empresa Angostura Siguas (setiembre 2010)
por 20 años (4 para construcción, 16 para operación y mantenimiento). Esta
concesión desencadenó huelgas y protestas en Espinar (Cusco) –ocasionando 2
muertos y decenas de heridos– argumentando que el desvío del río Apurímac les
ocasionaría déficit de agua. En dicha fecha el Poder Judicial ordenó suspender
la buena pro.
En noviembre
2011 el Tribunal Constitucional dispuso la elaboración de un nuevo estudio
técnico y 2 años después (noviembre 2013) archivó la demanda cusqueña
concluyéndose que dicho proyecto garantizaba agua para ambas regiones, en
febrero 2014 el presidente Humala colocó simbólicamente la primera piedra en el
campamento Kapricho de Autodema (Km. 937.5 Panamericana Sur).
En el aspecto
financiero su paralización por 4 años ha sido muy costosa, desde su cálculo
inicial de US$ 260 millones (2006), pasando a US$ 407 millones (2010),
calculándose actualmente US$ 500 millones, pero para el concesionario Angostura
Siguas sería aún mayor por aumento de costos directos y de mano de obra (según
otras fuentes podría llegar hasta US$ 700 millones).
Además el
proyecto, que empezaría en junio próximo, tiene muchos pendientes, entre ellos,
la suscripción del texto único ordenado del proyecto; contratación de una
empresa supervisora internacional; convocación de concesión energética del
proyecto; certificado de inexistencia de restos arqueológicos; preparar
profesionales con capacidad de gestión del proyecto y ambiental y social;
subasta de tierras de Pampas de Siguas; y resolver el conflicto de terrenos con
pobladores de la comunidad campesina de Pusa Pusa, que desaparecerá con la
construcción del embalse Angostura.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 18 de abril de 2015
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