Nuestro país se
encuentra incluido desde hace 14 años en la “Lista de Vigilancia” de la Oficina
del Representante Comercial de EEUU (USTR) por falta de protección a los
derechos de propiedad individual y por la gran cantidad disponible de productos
falsificados y pirateados. En su último Informe 2015 (Especial 301) advierte
nuestro incumplimiento en obligaciones de actividad de promoción comercial, de
protección de derecho de autor y propiedad intelectual, así como la inadecuada
protección de software de aplicaciones.
Según la
organización de lucha contra la piratería, Business Software Alliance (BSA), en
Perú 65% usa software sin licencia representando una evasión tributaria de US$
249 millones anuales. Nuestro mercado informal de televisión alcanza 52% de conexiones
ilegales (promedio regional 11%), habiendo crecido en la última década 50%
anual contra solo 10% formales. Los piratas emplean equipos receptores Free to
Air y antenas satelitales para recibir y codificar señales satelitales y
distribuirlas clandestinamente.
Existen 470
operadoras de cable calculadas en el país, pero solo 12 son formales y están supervisadas
por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osipel).
Tenemos el mayor nivel de piratería de cable en Latinoamérica, y a nivel
nacional, en 20 de las 25 regiones (80%) proliferan compañías informales de
cable.
La piratería en
conexiones de internet es sorprendente, de 4.5 millones de conexiones (fijas y
celulares) 2 millones son ilegales, y los piratas de CD, DVD, MP3 y Blue Ray operan
libremente y venden copias por millones en diferentes centros comerciales del
país reproduciéndolos clandestinamente en serie de 10 mil copias por hora con
sofisticados equipos electrónicos. De cada 10 computadoras personales, entre 6
a 7 tienen instalado software ilegal cuyos sistemas operativos carecen de
licencia de instalación.
Bajo este
panorama la piratería ha crecido vertiginosamente en nuestro país, es un mal
enraizado contra los derechos de autor y la propiedad individual, contra la
innovación y creatividad, contra la formalidad y contra nuestra economía, según
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI) nos afecta con US$ 600 millones anuales.
A pesar de
estos graves impactos la piratería no es tratada como asunto prioritario por el
gobierno, ni las instituciones involucradas, ni el Poder Judicial. Según el
Código Penal este delito tiene pena privativa de hasta 8 años, pero
increíblemente no existe un solo caso impuesto.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 13 de junio de 2015
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