El
pasado 15 de Julio la Defensoría del Pueblo presentó su Informe Defensorial N°
171: “¡Un llamado a la remediación¡ Avances y pendientes en la gestión estatal
frente a los pasivos ambientales mineros e hidrocarburíferos”, en el cual recomienda
se les brinde atención prioritaria y ejecuten acciones para su remediación,
principalmente los de alto y muy alto riesgo, garantizando los recursos
financieros e identificando los responsables, siendo imperativa una acción
coordinada del Estado en sus 3 niveles de gobierno.
El
Plan de Manejo de los pasivos ambientales mineros (PAM) aprobado por RD N°
088-2012-MEM/GM, dispone la identificación, caracterización y priorización de
los pasivos, la determinación de responsables y su remediación, pero esto no se
cumple. Según el inventario del Ministerio de Energía y Minas (RM N°
102-2015.MEM/DM-5 de marzo), de los 8,616 pasivos mineros, 7,531 no presentan
responsables, ni menos, estudio ambiental, además, siguen incrementándose, en
los últimos 5 años aumentaron 3,065 pasivos (de 5,551 el 2010 hasta 8,616 el
2015), y lo más grave, afectan a 21 de las 26 regiones del país, y del total,
casi el 50% (4,281) son de alto y muy alto riesgo.
Respecto
a los pasivos ambientales de hidrocarburos (PASH), se tardaron más de 3 años
(entre 2007-2011) en reglamentar la ley N° 29134 de regulación de estos pasivos
y casi 2 años adicionales (hasta 2013) en transferir la competencia de
supervisión, del Organismo Supervisor de inversión en Energía y Minería (Osinergmin)
al Organismo de Evaluación y fiscalización ambiental (Oefa). Esta situación ha
ocasionado que no se cuente con un inventario actualizado. Sobre la base
inicial de 8,944 reportados por Perupetro en 2002 y de 6,110 reportados por
Osinergmin (entre 2009 y 2010), la Oefa ha identificado parcialmente 1,766
pasivos (entre 2013 y abril 2015) pero no ha determinado ningún responsable.
Bajo
este panorama, los pasivos ambientales son una dimensión no visibilizada por la
minería y el sector hidrocarburos. Estos graves impactos ambientales son
generados por empresas mineras y petroleras (públicas y privadas, antiguas y
actuales) que contaminaron y contaminan zonas circundantes donde operan, con restos
de instalaciones y depósitos de residuos de productos altamente tóxicos.
El
Gobierno debería tomar en cuenta las recomendaciones de este importante Informe
Defensorial N° 171 para remediar los pasivos ambientales y disminuir los graves
riesgos en el país, para la salud poblacional, ecosistema circundante y medio
ambiente.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 8 de agosto de
2015
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