La
minería ilegal creció exponencialmente desde 2002, especialmente en Madre de
Dios (Huepetuhe, Guacamayo y Delta) habiendo destruido más de 50,000 hectáreas
de bosques y lo sigue haciendo en 21 de las 25 regiones y amenazando zonas de
amortiguamiento de 15 áreas naturales protegidas, afectando entre ellas las
reservas de: Tambopata –La Pampa– y Bahuaja Sonene (Madre de Dios y Puno), Amarakaeri
(Madre de Dios), Allpahuayo Mishana (Iquitos),
Parque Nacional Huascarán (Áncash) y El Sira (Huánuco).
A
pesar que una de las acciones más importantes para reducir la minería ilegal es
la formalización, esta se encuentra paralizada desde hace 13 años. Durante el
gobierno de Toledo se promulgó la primera ley 27651 de Formalización y
Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (21-4-02) pero sin mención
alguna sobre minería ilegal, y no avanzó nada, lo mismo ocurrió en el gobierno
de García, solo aprobó un Plan Nacional para Formalización de la Minería
Artesanal en marzo de 2011 (a 4 meses de finalizar su período), pero tampoco se
logró nada.
Durante
el actual gobierno, proliferaron las promesas de erradicar la minería ilegal con
acciones de formalización, interdicción y remediación ambiental, inclusive el
presidente Humala durante 2 mensajes presidenciales trató el tema, con mención
especial para lograr el proceso de formalización en todo el país (28-7-12), y
su firme decisión de luchar contra la minería ilegal, reafirmando la
formalización de mineros artesanales con perspectiva de inclusión social (28-7-13).
Sin
embargo, la promesas se incumplieron, por el contrario, en diciembre 2011
autorizaron a mineros ilegales a continuar extrayendo oro del corredor minero
de Madre de Dios y en mayo 2012 a seguir comercializándolo por 2 años
adicionales (20% de oro exportado procede de la minería ilegal), ampliando además
el plazo de formalización hasta abril 2014, pero anticipadamente, en agosto
2013, nuevamente postergaron el plazo hasta 2016. En enero 2013 el ministro del
Ambiente Pulgar-Vidal reconoció que “no se ha hecho lo suficiente para
formalizar y erradicar la minería ilegal”.
Bajo
este contexto, los resultados de formalización minera desde hace 13 años han
sido desastrosos, actualmente, de unos 140,000 mineros ilegales no se ha
formalizado ni el 1%, y lo que es peor, el proceso continúa paralizado
permitiendo que los mineros ilegales sigan devastando bosques y contaminando aguas,
tierras y medio ambiente, e increíblemente, no existe ninguna sanción penal
efectiva.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en EXPRESO, fecha 3 de octubre de 2015