El pasado día
13 la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco informó sobre la
destrucción con maquinaria pesada (cargadores frontales) de 100 metros de
andenes y construcciones prehispánicas en la Zona Arqueológica de Larapa (a 9
kilómetros del Cusco), el conjunto más importante de agrupamientos de
estructuras de producción y regadío de la época prehispánica en el valle del
Cusco. Por ser zona intangible debe ser protegida y conservada, sin embargo,
viene siendo afectada por el alarmante incremento de construcciones
clandestinas, y a pesar de ello, no existe un plan de conservación.
También el
pasado 16 de octubre la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna informó
sobre otra invasión de 40 familias en zona colindante del complejo arqueológico
Miculla ubicado en el distrito de Pachía, donde se encuentra el complejo de
petroglifos más grande del Perú y uno de los más importantes de América (más de
5,000 años de antigüedad), el cual a pesar de su inminente peligro no cuenta
con cerco perimétrico de seguridad. Además, en Lambayeque existe un problema
generalizado de invasiones arqueológicas, solo en el presente año se han presentado
8 casos.
En Lima y
Callao, increíblemente, existen 7 zonas arqueológicas que han sido afectadas
con daños irreversibles por invasiones. Según la Contraloría 1,200 km2 de zonas
arqueológicas son ocupadas por asentamientos humanos. El caso más grave de
invasiones se registra en Armatambo y la zona histórica intangible del Morro
Solar de Chorrillos (Intermedio Tardío 1,100 a 1,460 d.C), pero hay otras zonas
invadidas con edificaciones de material noble en Huaca Pala (San Martín de Porres),
la Era de Ñaña (Chosica), Cerro La Regla (Callao) y muchos otras en riesgo (17 según
el Ministerio de Cultura).
Bajo este
panorama, el gobierno no tiene voluntad política para otorgarle prioridad a la
protección de nuestro patrimonio e incumple el mandato constitucional (artículo
21). Debería aumentar la asignación presupuestal al Ministerio de Cultura para
acciones de preservación y protección; asociar la cultura a una visión de
desarrollo nacional; promover y mejorar la capacidad de gestión local y regional,
e implementar una ley de mecenazgo que, a través de donaciones, permita el
concurso de la empresa privada. El Ministerio de Cultura, por su parte, debe
generar nuevos proyectos en el campo de protección del patrimonio, uno de los
principales lineamientos de Política Cultural 2013-2016 que lamentablemente no
se cumple.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 21 de noviembre de 2015
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