El
pasado 24 de noviembre se descubrió la mayor cantidad de madera ilegal de
nuestra historia en el puerto de Iquitos, 1,312 m3 de pies tablares, volumen equivalente
a 60 camiones de carga pesada y valorizada en S/. 1,600 millones, una parte en
almacén y otra a bordo del buque Yacu Kallpa (bandera panameña) para ser
transportada hacia México y EE UU, la cual no pudo ser descargada por falta de capacidad
logística y presupuesto, prosiguiendo la nave su viaje con custodia de la madera
a cargo del capitán del buque por disposición fiscal. Según el Organismo de Supervisión
de Recursos Forestales (Osinfor) dicha madera provenía de zonas no autorizadas
de la Amazonía utilizándose documentos oficiales con información falsa.
En
las Operaciones Amazonas 2014 y 2015 se registra en las regiones Loreto y
Ucayali evidencia de riesgo en exportaciones de madera por infracciones en derechos
de aprovechamiento forestal. Osinfor ha determinado que hasta octubre 2015 se
movilizaron ilegalmente más de 47 millones pies tablares (cumala, tornillo,
lupana, capirona), además de títulos habilitantes con información falsa no
incluidos en la base de datos de Osinfor, registrando más de 10 millones pies
tablares extraídos en áreas no autorizadas, movilizaciones de millones de m3 de
madera por autorizaciones agroforestales y permisos forestales en bosques
locales provenientes de árboles no autorizados, no sujetos a supervisión de dicho
organismo.
Bajo
este panorama, debido al manejo irresponsable de bosques y débil control del
comercio ilegal de productos forestales, la tala y tráfico de madera en nuestro
país es una de las 3 actividades ilícitas más rentables asociadas al lavado de
activos, junto con el narcotráfico y la minería ilegal. Según estimación del
Banco Mundial (2013), 80% de nuestras exportaciones madereras se produce
ilegalmente con documentación falsa.
Para
reducir la tala y tráfico de madera ilegal que afectan gravemente los recursos
forestales es necesario: 1) Mayor intercambio de información (en línea) entre
entidades involucradas al sector forestal; 2) Rígido control sobre títulos
habilitantes, planes operativos anuales (POA) y permisos (identificación de
factores de riesgo y aprovechamiento), que asegure la procedencia legal de
madera; 3) Imprescindible certificación de guías de transporte y del origen de
la madera antes de ser exportada; 4) Estricto seguimiento y anulación de casos
de aprovechamiento ilícito; y 5) Imposición de penas de prisión efectiva por
actividades de tala y tráfico de madera.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 30 de enero
2016