El pasado día
10 durante la presentación del informe de la organización humanitaria
internacional Oxfam “Agenda contra la desigualdad: Cinco temas críticos para
cerrar las brechas” se advirtió que nuestro país no ha avanzado en igualdad
social en 20 años debido a la evasión de impuestos, poca inversión en educación
y bajos salarios mínimos, añadiendo que nuestro actual escenario es “difícil”
en lo político, económico y social y que el 40% de la población peruana es
vulnerable de retornar a la pobreza. Según el informe, las diferencias
injustificadas e injustas en el acceso a recursos y oportunidades, excluye a
millones de peruanos que viven con derechos recortados, lo que nos divide e
impide que construyamos un país justo e integrado donde aspiramos a vivir.
Lo cierto es
que nuestro país presenta una inaceptable desigualdad, y eso es reprochable
porque se trata de una situación inmoral e injusta donde la población más
vulnerable es la que sufre las peores consecuencias, pero el Estado, por falta
de calidad institucional y poca efectividad de los gobiernos, no ofrece iguales
oportunidades a la población en educación, salud y empleo, y peor aún a las
zonas más marginadas y deprimidas, sobre todo a la sierra y selva ya que los
servicios se han concentrado, de manera predominante, en la costa y zonas
urbanas.
Pero más grave
aún es la desigualdad infantil, los niveles de desigualdad entre niños de
sectores urbano y rural son altísimos, el 60% de niños de áreas rurales es
pobre (el triple que en zonas urbanas), la desigualdad educativa por situación
socioeconómica es alarmante y el acceso a la educación infantil temprana es reducido
y desigual, especialmente en poblaciones rurales e indígenas.
Bajo este
panorama, la desigualdad es fuente de conflictos porque discrimina y excluye, genera
inestabilidad social, protestas e inseguridad ciudadana, y además, afecta la
inversión y el crecimiento; para combatirla y desvanecerla deben abordarse
todas las dimensiones que permitan desconcentrar y distribuir el poder con
reformas políticas por la representatividad y participación, con reformas
económicas distributivas que generen una tributación justa y progresiva, y
reformas laborales que permitan elevar las tasas de empleo y crear empleos
dignos y mejorar la capacitación del capital humano, además de reformas educativas
para aumentar los bajos niveles de acceso a la educación, y reformas sociales
que mejoren la igualdad de oportunidades.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 27 de febrero de 2016
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