Después de la
inseguridad ciudadana, la corrupción es el segundo problema más grave en
nuestro país. El pasado día 18 en declaraciones a la agencia France-Presse
(AFP) el Contralor General de la República, Fuad Khoury, advirtió que el Perú
pierde anualmente por corrupción S/. 10,000 millones (alrededor de US$ 3,000
millones), añadiendo que durante su gestión denunció penalmente a 13,000
funcionarios por este delito, pero solo fueron sentenciados 60 (0.46%) con
penas privativas de la libertad y 700 (5.3%) con penas menores de 4 años sin
presión efectiva.
El último
ranking del Foro Económico Mundial nos ubica en el puesto 130° entre 140 países
donde por corrupción se consiguen sentencias judiciales favorables y en el
puesto 99° para conseguir adjudicaciones de contratos públicos. Igualmente, en
el último Índice de Percepción de Corrupción (IPC-2015) de Transparencia
Internacional hemos retrocedido 3 puestos (88° entre 168 países), según el
Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) esto corrobora la
involución que en materia institucional está teniendo el país, pues a la corrupción
se suma el peligroso retroceso en seguridad e imperio de la ley y Estado de
derecho.
La
corrupción en nuestro país es un mal endémico y tiene un impacto devastador,
representa el delito más grave que se puede cometer desde la administración
pública con negociaciones incompatibles en el ejercicio de funciones, fraude a
la administración pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación de
fondos, exacciones ilegales, apropiación indebida, enriquecimiento ilícito,
prevaricato, etc., que amenazan peligrosamente nuestras expectativas de desarrollo, socavan las instituciones, debilitan la democracia
y afectan gravemente la estabilidad y seguridad de la sociedad.
Bajo
este panorama, el actual gobierno ya culmina su mandato y no ha adoptado
medidas anticorrupción adecuadas ni eficientes para enfrentar este grave flagelo,
además, los candidatos presidenciales proponen solo generalidades pero no
presentan propuestas concretas ni articuladas para la lucha contra la
corrupción.
Deberíamos
exigir que el próximo gobierno, desde el inicio, lo afronte y combata en forma
contundente, otorgando facultades sancionadoras a la Contraloría, levantando el
secreto bancario a investigados por corrupción, restructurando el sistema de
administración de justicia, disponiendo estrictos y rigurosos controles
internos en dependencias del Estado, efectivizando las normas de transparencia
pública, sancionando la imprescriptibilidad de este delito para evitar la
impunidad (hace 15 años en debate), además de adecuar la muerte civil y la
prisión efectiva para funcionarios corruptos.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 29 de marzo de
2016
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