La agenda política actual nos mantiene inmersos en la falta
de diálogo entre el presidente electo PPK y la lideresa de Fuerza Popular, pero
lo más preocupante es que de no lograrse acuerdos políticos ni acciones
consensuadas, el gobierno electo no tendrá asegurada la gobernabilidad
necesaria para priorizar una reforma del Estado que incluya el mejoramiento de
la calidad de nuestras instituciones y de su capacidad para garantizar una
gestión eficaz del Estado, con especial referencia a las instituciones
legislativas, judiciales y policiales, los organismos de gestión centrales, la
gestión e innovación en el sector público, el gobierno central, la descentralización
y la participación.
Todas las propuestas y retos que se presentan para el nuevo
gobierno giran principalmente alrededor del sector económico, pero cuando se
plantea la lucha contra la inseguridad ciudadana, corrupción e informalidad, se
consideran como desafíos de corto plazo, sin embargo, nada de esto podrá
lograrse adecuadamente ni proyectarlo al largo plazo sin mejorar la gestión del
Estado con reformas que fortalezcan las instituciones: políticas (contra el nepotismo,
clientelismo, prebendarismo), partidos políticos (por escasa credibilidad y bajo
nivel institucional), gobiernos locales y regionales (descentralización y
representación política), administración de justicia (institución endeble y
falta de transparencia), policía (capacitación, infraestructura, corrupción,
sueldos), informalidad (falta de capacidad
institucional para enfrentarla) Congreso (falta de capacidad y equilibrio), educación y servicios básicos (capital humano y
recursos).
La institucionalidad en nuestro país se ha debilitado
progresivamente, durante el actual gobierno hemos retrocedido 21 puestos en el
índice de institucionalidad del Reporte de Competitividad Global del Foro
Económico mundial, del puesto 95 (2011) al 116 (2016), ocupando en el reporte
2015-2016 los últimos puestos (entre 140 países) en los pilares
correspondientes a “buen funcionamiento de las instituciones”: fiabilidad de la
policía (135), crimen organizado (133), confianza pública en los políticos (130),
costos de la delincuencia y violencia (129), despilfarro del gasto público
(117), desvío de fondos públicos (114), independencia judicial (112).
Bajo este panorama uno de los grandes desafíos que tenemos es
el institucional; el nuevo gobierno deberá considerar como prioritario el
fortalecimiento, estabilidad y mejora de las instituciones del Estado, ya que
éstas regulan la política, el mercado, y dirigen el camino democrático. Cuando
nuestras instituciones sean de calidad, eficientes, serias y respetadas,
permitirán alcanzar la predictibilidad y confianza en el futuro, y el
consiguiente progreso y desarrollo para nuestra Patria.
Artículo de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha
25 de junio de 2016