Una principal
preocupación de la nueva ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, es la grave
situación de hacinamiento de nuestros penales, y tiene razón, porque actualmente
hay 91,200 personas con problemas penales en el sistema penitenciario, de éstas,
13,900 en libertad con beneficios o penas limitativas y 77,300 cumpliendo penas
en prisión hacinados en 68 cárceles con capacidad máxima para recibir 33,300,
es decir, una increíble sobrepoblación de 44,000 presos (132%).
La ministra ha
anunciado el traslado de presos extranjeros a sus países, la implementación de grilletes
electrónicos y la aplicación de beneficios penitenciarios y de servicio
comunitario. Respecto al traslado de presos extranjeros, tenemos vigente la ley
30219 (julio 2014) que regula el beneficio de retorno a su país de internos
extranjeros para su reinserción, pero además de la falta de presupuesto, es solo
aplicable a primeras condenas por delitos menores hasta 7 años y haber cumplido
un tercio de su pena, actualmente son 1,800 (90% por tráfico de drogas) y podrían
acogerse alrededor de 400, lo cual no es significativo para reducir el
hacinamiento.
Respecto a grilletes
electrónicos, la normatividad para su uso data de 2010, (ley 29499), se
consideró la adquisición de 2,000 grilletes y en 2015 se adecuó su empleo
(DL1229), pero hasta la fecha no se ha concretado nada. Y en relación a la
aplicación de beneficios penitenciarios, estos, como gracias presidenciales,
fueron desprestigiados y vilipendiados por la Comisión de Indulto y Derecho de
Gracia por Razones Humanitarias y Conmutación de Pena, la cual, en el período
2009-2010 otorgó liberación a 3,300 presos de los cuales 57 eran narcos que
integraban bandas internacionales de carteles de la droga.
Bajo
este panorama, la ministra de Justicia debería: 1) Declarar en emergencia el
sistema penitenciario; 2) Gestionar el incremento de recursos para optimizar la
administración penitenciaria; 3) Construir nuevas cárceles y ampliar la
infraestructura en espacios disponibles de actuales; 4) Mejorar la seguridad
(visitas, bloqueadores); 5) Eliminar los altos índices de corrupción; 6) Capacitar
a trabajadores penitenciarios; 7) Implementar alternativas de penas para
delitos menores (grilletes electrónicos, correccionales para trabajos en
talleres y actividades educativas); 8) Agilizar las sentencias en el Poder
Judicial (casi la mitad sin sentencia); 9) Estudio de factibilidad para
tercerización de la administración y gestión de los penales; y 10) Mejorar las condiciones de los
reclusos para su reeducación, rehabilitación y reinserción social.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 6 de agosto de
2016
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