El
lavado de activos es un grave delito que se desborda en nuestro país y pone en
riesgo el sistema económico y financiero por movimiento de ingente cantidad de
dinero ilegal proveniente del narcotráfico, corrupción, minería ilegal,
contrabando, piratería, industria maderera, trata de personas, etc. (US$ 10,000
millones anuales según el ex Fiscal General José Peláez) que es blanqueado en compras de inmuebles, transferencias
de bienes y dinero, creación de empresas de fachada para simular operaciones
financieras, cambio de divisas, y hasta “pitufeo” con un ejército de
testaferros con pequeños depósitos e inversiones en pequeñas y medianas
empresas.
El
principal medio para enfrentar el lavado de activos es a través de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) adscrita a la SBS y creada con ley 27693 (marzo
2002) para recibir, analizar, tratar, evaluar, transmitir información y
detectar este delito, pero increíblemente, para investigar los Reportes de
Operaciones Sospechosas (ROS) no tiene facultades para levantar directamente el
secreto bancario y tributario, debiendo recurrir al Ministerio Público lo cual
alarga y entorpece el proceso, además, tampoco puede consultar a la Sunat sobre
sospechosos pagos de impuestos o reportes de compras, y ni siquiera supervisar
cooperativas de ahorro y crédito. Somos el único país en la región que la
entidad que combate el lavado de activos no tiene estas facultades.
Desde
hace años la UIF viene presentando proyectos para recibir estas facultades
siendo denegadas por la Comisión de Constitución del Congreso, además, para
enfrentar el lavado de activos no contamos con una evaluación nacional de
riesgos ni un diagnóstico sobre la situación de este delito, ni menos, con un
plan nacional actualizado, la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra Lavado
de Activos (Contralaft) creada en 2011, no tiene logros importantes que
mostrar, además fallan los mecanismos de prevención y control así como la
coordinación interinstitucional entre el Ministerio Público, la Policía
Nacional y la UIF.
Bajo este
panorama, el pasado día 8 el Gobierno remitió al Congreso un proyecto de ley de
delegación de facultades legislativas, y dentro del eje de Seguridad Ciudadana
solicita legislar sobre el fortalecimiento del sistema de lucha contra el
lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el cual incluye el acceso de
la UIF al secreto bancario y reserva tributaria, esperándose que esta vez haya
voluntad política para aprobarlo por tratarse de un elemento clave para
enfrentar este grave delito.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 17 de setiembre
de 2016
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