El pasado día
23 el ministro de Hacienda chileno, Rodrigo Valdés, señaló que la Corporación
Nacional del Cobre (Codelco) requiere mayor financiamiento para que Chile
continúe siendo el mayor productor mundial de cobre, lo cual se ve
obstaculizado porque “la Ley Reservada del Cobre exige que se dé el 10% de sus
ventas a la FF AA, lo que está drenando sus reservas”. Del mismo modo, el
presidente de Codelco, Óscar Landerretche, manifestó que esta corporación “entregó
por dicha ley a la FF AA, entre el 2000 y 2015, la cantidad de US$ 14,300
millones”.
Esta ley se
estableció hace 58 años (29 octubre 1958) como Ley del Cobre N° 13.196 y
gravaba a mineras privadas con 7.5% de sus ventas exclusivamente para
adquisición de equipos bélicos. En 1973, a comienzos del Gobierno Militar, la
ley se modificó con Decreto N° 239 y leyes 18.445 (1985) y 18.628 (1987) disponiendo
un impuesto de 10% para la FF AA sobre las exportaciones totales de Codelco, además
de aumentos garantizados y entregas de fondos y contabilizaciones reservadas en
cuentas secretas e inversiones mediante decretos supremos reservados exentos de
toma de razón y refrendación.
El asunto es
que hace 26 años, desde el primer gobierno de la Concertación (Patricio Aylwin 1990-1994)
y el actual de Michelle Bachelet (2014-2018) se viene debatiendo su derogación
(hasta se investiga un millonario desfalco a la ley entre 2010 y 2014) pero nunca
se ha concretado porque de manera recurrente los proyectos de ley presentados
por los diferentes gobiernos no han sido aprobados por el Congreso a pesar de
solo requerirse quórum simple, con el argumento de una necesaria estabilidad y
un plan anual de adquisiciones de armamento debido a que la paz nunca estará
garantizada y porque no existe desarrollo sin seguridad.
Bajo este
panorama, la condición imprescindible del gobierno y la oposición chilena para
derogar esta ley es que, como política de Estado, se deberá desarrollar un
sistema financiero con fondos estables y permanentes para adquisiciones
militares (presupuestos plurianuales o planificaciones mayores de 5 años) que
facilite las inversiones en armamento para asegurar en el largo plazo la mayor capacidad
de defensa del país, por lo que con los exorbitantes recursos provenientes de
esta ley más los presupuestos anuales para Defensa, han tenido, y mantienen,
una desenfrenada adquisición de armamento netamente ofensivo y de última
tecnología.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 29 de octubre de 2016
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