Estos
casos se vienen dando hace muchos años y no reaccionamos, en 2005 el Consejo
por la Paz presentó un informe advirtiendo que casi 800 profesores,
catedráticos y personal administrativo mantenía vínculos con SL (250
excarcelados, 500 con antecedentes y 38 requisitoriados), igualmente en 2008
hubieron denuncias que en algunos colegios regionales se impartía doctrinas
maoísta, marxista y antiimperialismo yanqui. En julio 2010, con 453 condenados
por terrorismo en el sector educativo, se promulgó el DS 019.2010-ED,
disponiendo su separación en 15 días, lo cual nunca se concretó.
Después
de 2 años y medio se promulgó la ley 29988 (18 enero-2013) para separar
personal docente y administrativo de centros educativos públicos y privados
(colegios, institutos, universidades) implicados en delitos de terrorismo y
apología, violación sexual y drogas, pero tampoco se concretó porque esta ley
disponía que en 30 días hábiles el órgano del gobierno del Poder Judicial
implemente y ejecute un registro de personas implicadas, y el Poder Ejecutivo
reglamente la ley (1ª. Y 2ª.disposiciones complementarias finales), lo cual
increíblemente en casi 4 años nunca se cumplió, además, para evitar estas
infiltraciones terroristas, el Ministerio de Educación y la Asamblea Nacional
de Rectores debieron realizar una supervisión anual (art.1).
Bajo
este panorama, el principal
interés de los terroristas es transmitir su ideología extremista a través de la
educación a escolares y universitarios, especialmente en zonas rurales y de
bajos recursos, para ganar simpatizantes y adeptos, pero a pesar su gravedad se
incumplen las leyes y solo actuamos con una débil respuesta legal e ideológica del sistema político,
judicial, educativo e instituciones democráticas del país.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 1 de octubre de
2016
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