El 27
de diciembre pasado se realizó una sesión del Acuerdo Nacional (AN) promovida
por el gobierno donde trató el tema de seguridad ciudadana y presentó su plan
de acción para 2 años. Posteriormente, el 5 de enero se abordó la lucha contra
la corrupción. Sin embargo, los problemas más apremiantes y urgentes no serán
resueltos con propuestas, agendas comunes o suscripciones de apoyo sino con el
accionar frontal del Ejecutivo y las leyes del Congreso. En julio 2013 el
gobierno de Humala presentó similarmente en el AN su Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana 2013-2018 para reducir los índices de victimización de 36.6% a 25%,
pero la inoperancia nada resolvió, la victimización no se redujo y la
inseguridad ciudadana se incrementó peligrosamente.
El AN
fue suscrito el 22 de julio 2002 entre partidos políticos, organizaciones de la
sociedad civil y el gobierno aprobándose 31 políticas de Estado (actualmente
son 34) para alcanzar el bienestar de la persona y el desarrollo humano y
solidario en el país en 4 grandes objetivos: democracia y Estado de derecho,
equidad y justicia social, competitividad del país, y Estado eficiente
transparente y descentralizado, comprometiéndose a partir de dicha fecha a
concretar las 311 acciones incluidas en dichas políticas, pero actualmente la
mayoría muestra poco avance o resultados insuficientes.
Cito
como ejemplo algunas acciones que si se hubieran cumplido en 14 años y medio
transcurridos nuestro país habría mejorado sustancialmente: partidos políticos
con democracia interna y transparencia financiera; auténtica unidad entre
peruanos; participación ciudadana en decisiones políticas, económicas y
administrativas; sistema nacional de seguridad ciudadana en todo el país;
igualdad de oportunidades sin discriminación; en sector educación (desde 2002)
incremento mínimo anual equivalente al 0.25% del PBI hasta alcanzar 6%; en
salud acceso gratuito y masivo de la población; eliminación en brecha de
extrema desigualdad en ingresos, etc.
Bajo
este panorama el AN representa un ámbito importante para discutir problemas
nacionales y buscar acuerdos; las 311 acciones incluidas en sus 34 políticas de
Estado deberían significar la hoja de ruta de los gobiernos para alcanzar
nuestra estabilidad y desarrollo, pero su cumplimiento no depende del AN que no
puede construir compromisos de Estado ni tiene decisión vinculante, sino que la
responsabilidad corresponde a los gobiernos y actores políticos que desde 2002,
sin visión de futuro, no las ejecutaron pese a haberse comprometido ante el
país.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 7 de enero de 2017
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