Según BSA | The
Software Alliance (organización defensora de la industria del software mundial),
en el Perú se usa a ritmo alarmante software sin licencia (el software como programas
de aplicación, instrucciones y reglas informáticas administra los recursos de
la computadora y permite su funcionamiento). Los estudios concluyen que 63% del
software instalado en nuestro país es ilegal (6 a 7 computadoras entre 10), lo
que representa una altísima tasa de piratería (8 puntos porcentuales superior a
la tasa regional y 23 a la mundial) equivalente a un mercado de US$ 210
millones anuales de valor comercial de consumo ilegal (pérdidas a la industria)
que afectan la recaudación fiscal y generación de empleos. El año 2015 BSA
alertó a más de 300 empresas peruanas (rubros manufactura, ventas, distribución
y servicios) acerca de situaciones irregulares en sus programas de software, y
en los últimos 3 años se reportó a esta organización 1,400 casos de su uso ilegal
en Perú.
El empleo de
software sin licencia genera riesgos de seguridad debido al malware (pérdida de
datos y ciberataques) principalmente a empresas, industrias bancarias, de
seguros y usuarios de computadoras, ocasionando problemas legales, económicos,
técnicos y financieros. Según Microsoft el Perú es el segundo país más
vulnerable por ciberataques en América Latina, solo superado por Brasil.
Inclusive existen comercios y galerías en el centro de Lima donde ensamblan
software ilegal y ofrecen programas pirateados de Microsoft Office, los videojuegos
más demandados y hasta ventas de bases de datos y programas para hackear
WhatsApp.
Bajo este
panorama el uso de software ilegal atenta contra los derechos de propiedad
intelectual siendo un delito tipificado en nuestro país, de acuerdo al código
penal los comercializadores de software ilegal pueden recibir hasta 8 años de
prisión y en el caso de empresas que lo usen multas de hasta 180 UIT (S/.
729,000), sin embargo, en nuestro país el uso ilegal de software y de piratería
en general crece vertiginosamente, pero se trata de un tema social de poco
interés en la propiedad intelectual por no existir voluntad política y por falta
de promoción de cultura de legalidad (delito socialmente aceptado), y a pesar
de su gravedad, hasta la fecha no se ha impuesto por este delito una sola pena
privativa de la libertad, lo cual representa mala señal para el mercado formal
e incremento de informalidad tecnológica.
Artículo de Alfredo Palacios
Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha sábado 4 de marzo de 2017
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