En
noviembre 2012 Técnicas Reunidas ya valorizaba el proyecto en US$ 3,450
millones, por el elevado monto el Gobierno decidió no desarrollarlo todo sino
por partes, pero en diciembre 2013 el Congreso aprobó la Ley 30130 declarando
la modernización necesidad pública e interés nacional dándole visto bueno, así,
se suscribió un nuevo contrato con Técnicas Reunidas (mayo 2014) para incrementar
la capacidad de refinación de 65,000 a 95,000 barriles petróleo diarios (bpd) y
producir combustibles con bajo contenido de azufre (según Petroperú esto
mejoraría la seguridad energética y reduciría las importaciones). En octubre
2016 Petroperú anunció nuevo costo del proyecto (US$ 4,782 millones) y en febrero
2017 otro incremento (US$ 5,400 millones), es decir, en 9 años el monto del
proyecto casi se septuplicó, de US$ 800 millones previstos inicialmente a US$
5,400 millones declarados actualmente.
Bajo
este panorama existen muchos cuestionamientos a este proyecto, entre otros: 1)
Falta de transparencia, los contratos fueron divulgados (por presión) recién
hace 2 meses después de 7 años de firmados; 2) El proyecto fue iniciado sin
contar con financiamiento cerrado: 3) Es una inversión de dudosa rentabilidad
en el largo plazo (deben recuperarse US$ 5,400 millones en 30 años); 4) Para la
Contraloría los incrementos de costos no significan mejoras en el esquema del
proyecto; 5) Existe un retraso de 2 años, el último plazo (2020) puede seguir
postergándose; 6) Se busca incrementar la capacidad de refinación con reducción
de azufre, pero no tenemos crudo disponible porque nuestra producción cayó
drásticamente por falta de exploración y explotación (de 196,000 bpd en 1980,
hasta 40,000 bpd el 2016) obligándonos a seguir importándolo, y hasta el
Oleoducto Norperuano está paralizado 1 año 3 meses sin visos de una solución
segura y confiable.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 20 de mayo de 2017
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