El
pasado día 11 se reunió la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso con
parlamentarios puneños, gobernador regional, alcaldes provinciales y el
director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión (ProInversión),
Álvaro Quijandría, quien señaló que en agosto próximo se emitiría la
“declaración de interés” de la iniciativa privada cofinanciada del proyecto
para tratamiento de aguas residuales de la Cuenca del Lago Titicaca (10
plantas, inversión US$ 437 millones, concesión 30 años), desde esta
declaratoria se requiere en promedio 2 años para recién iniciarlo lo cual
ocurriría en agosto 2019. Este proyecto estuvo en evaluación por ProInversión
desde mayo 2014 y a pesar de su importancia y urgencia no fue analizado ni
declarado de interés por lo cual es parte responsable del retraso.
La
Cuenca del Lago Titicaca se encuentra seriamente impactada por vertimientos en
sus afluentes (Ramis, Suches) de metales pesados y aguas residuales de mercurio
usado por mineros ilegales para purificar oro (15 toneladas anuales), y de
aguas residuales domésticas sin tratamiento de poblaciones circundantes (34
fuentes contaminantes producen 8,200 toneladas anuales de materia orgánica),
además por arrojo de residuos sólidos en sus riberas (se generan 700 toneladas
diarias pero solo 2, de 13 municipios, cuentan con plan para gestionarlos).
Desde
la década del 90 la población ya demandaba la construcción de plantas de
tratamiento, y en 2002, mediante Ley 27814, se declara de necesidad y utilidad
pública la descontaminación de la bahía interior de Puno y con DS 007-2002 se
constituye la primera Comisión Técnica Multisectorial para proponer su
recuperación, pero no se logró contrarrestar las causas contaminantes, en julio
2012 (Ley 29906) se declaró de necesidad y utilidad pública la prevención y
recuperación ambiental integral del Lago Titicaca y sus afluentes, y en 2013
fue creada la segunda Comisión Multisectorial presidida por el Ministerio del
Ambiente y conformada por 24 integrantes (DS 075-2013-PCM), pero poco o nada se
ha avanzado.
Bajo
este panorama resulta inaceptable la incapacidad de autoridades y funcionarios
de los gobiernos nacionales, regionales y locales para solucionar un antiguo y
grave problema contaminante en una de nuestras principales reservas nacionales
(declarada en 1978) que debe ser área natural protegida, sin embargo, se ha
convertido en un patrimonio amenazado, tanto la cuenca y afluentes al lago
navegable más alto del mundo (3,800 msnm) con inmensas reservas de agua dulce
(9,000 millones m3).
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 17 de junio de 2017
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