Por
una antigua y grave contaminación minera en Cerro de Pasco, el pasado 14 de
junio 80 pobladores de los distritos de Simón Bolívar y Chaupimarca, iniciaron
una protesta en la fachada del Ministerio de Salud (Minsa) hasta el día 23
cuando Minsa declaró en emergencia sanitaria por 90 días a ambos distritos.
Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, 8 de
cada 10 habitantes de las comunidades de Quiulacocha, Champamarca y Paragsha
presentan presencia de metales pesados en la sangre, especialmente plomo, que
hasta duplica el límite de 10 microgramos x decilitro (ug/dl) establecido por
la Organización Mundial de la Salud.
Cerro
de Pasco (80,000 habitantes) es la ciudad minera más alta del mundo (4,338
msnm) con grandes reservas de plomo, zinc y plata que convive más de un siglo
con una agresiva contaminación producida por impactos mineros como gases y
polvos tóxicos, aguas ácidas y cerros de desmontes y relaves mineros. En 1900
la empresa norteamericana Cerro de Pasco Cooper Corporation inició una
explotación minera subterránea sin precedentes, agudizándose en 1956 cuando,
con profunda insensibilidad, amparada por pasiva fiscalización de funcionarios,
inició operaciones a tajo o cielo abierto en plena ciudad ocupando 50% del
territorio urbano (dimensiones del tajo: 2 km de longitud, 1 km de ancho y 0.5
km de profundidad). En 1976 fue estatizada (Centromin) y en 1999, en dudoso proceso
de privatización fue adquirida por la empresa Volcan.
Bajo
este panorama, existe una pavorosa indolencia del Estado por indiferencia de
gobiernos nacionales, regionales y locales al haberse postergado
permanentemente el drama minero en Cerro de Pasco. Lo inadmisible es que hace
más de 8 años existe la ley 29293 (13 diciembre 2008) para reducir el impacto
ambiental, proteger la salud poblacional y definir la reubicación de la ciudad
pero nunca nada se concretó. Además, hace menos de 2 años (setiembre 2015) hubo
una anterior “marcha de sacrificio” (300 km hacia Lima) por las mismas
exigencias, pero nada lograron. Ahora, con la última protesta y la declaración
de emergencia del Minsa se espera que el gobierno cumpla con brindar atención
integral y especializada a una población priorizada de 5,466 personas (4,893
niños y 573 gestantes), además es urgente la construcción de una clínica de
desintoxicación de plomo en la sangre, la descontaminación del agua y la
eliminación de los graves pasivos ambientales mineros.
Artículo de Alfredo
Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 8 de julio de 2017
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