La
construcción del Oleoducto Norperuano (ONP) se inició en 1974 tendiéndose 1,106
km de tuberías desde la selva (Loreto) hasta la costa norte (puerto Bayovar),
pero después de más de 40 años paralizó sus operaciones (24 febrero 2016) por
el gran historial de derrames de petróleo (más de 60 en los últimos 15 años)
causando graves efectos contaminantes a la salud humana, recursos hídricos,
suelo, flora, fauna y medio ambiente. Petroperú minimiza los impactos y asegura
que gran mayoría de incidentes fueron generados por terceros (conexiones clandestinas
o atentados), sin embargo, contradicen a la empresa estatal el historial de
investigaciones, denuncias, multas, informes sobre incumplimientos de
mantenimiento preventivo del oleoducto, falta de elementos tecnológicos
(monitores inteligentes), falta de medidas de seguridad, entre otros. El
presidente Kuczynski afirmó en diciembre pasado que al oleoducto no se le hizo
mantenimiento y debe rehacerse de principio a fin reponiendo la gran mayoría de
tubos.
En junio
pasado el presidente de Petroperú, García Rosell, anunció la operatividad del
tramo II y ramal norte, y que la operación al 100% del oleoducto sería a
mediados de agosto (este mes), pero contrariamente para el ex ministro de
Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, no había fecha para iniciar operaciones. El
gobierno, por delegación de facultades, promulgó el DL 1292 (29 diciembre 2016)
declarando de necesidad pública e interés nacional la operación segura del ONP.
Además, una Comisión Especial Multipartidaria del Congreso creada en noviembre
2016 investiga y determina responsabilidades de funcionarios, personas e
instituciones públicas y privadas por los derrames en el ONP, además analiza la
política preventiva y mantenimiento del oleoducto por Petroperú, y sobre su
vida útil; el informe final debió ser entregado en mayo pasado pero su plazo ha
sido ampliado por 90 días hábiles, hasta el mes de setiembre.
En este
contexto, antes de poner el oleoducto en operación, y para evitar nuevos
derrames de petróleo, es imprescindible que se encuentre en perfectas
condiciones de operatividad, para ello debe determinarse la situación real de
su infraestructura mediante la auditoría a cargo de una empresa internacional
independiente, acción que fuera decidida por unanimidad en la mesa de diálogo
en Saramurillo, Loreto (7 diciembre 2016) presidida por el ex ministro Tamayo,
7 representantes del Ejecutivo, funcionarios de Petroperú y Osinergmin, y
dirigentes de comunidades nativas de las 5 cuencas amazónicas, pero que
actualmente se encuentra en fojas cero.
Artículo
de Alfredo Palacios Dongo publicado en el diario EXPRESO, fecha 5 dr agosto de
2017
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